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domingo, agosto 7, 2022

Dos años después, Sala IV declara ilegal rebajo de ¢10 millones al FEES

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Redaccion El Periodico CR
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San José.– Mediante una sentencia dictada este miércoles por la Sala IV, se declaró inconstitucional la reducción de ¢10.000 millones que realizó la Asamblea Legislativa al Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) en 2019.

Dicha sentencia dio la razón a los alegatos presentados por quienes ocuparon en aquel entonces la Rectoría de las cinco universidades públicas.

“Se declara con lugar la acción; y, en consecuencia, se declara la inconstitucionalidad de incluir la rebaja al FEES en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019, sin que la Asamblea Legislativa tuviera competencia para ejercer tal conducta al no existir el diferendo previsto en el artículo 85, de la Constitución Política”, se detalla en la resolución.

Además, la Sala Constitucional previno a la Asamblea Legislativa de que puede volver a incurrir en esa conducta

Rodrigo Arias, actual presidente del Consejo Nacional de Rectores dijo “es importantísimo este voto porque se basa en lo que establece el artículo 85 de la Constitución Política. Ese acuerdo al que se llega en la Comisión de Enlace es un acuerdo que la Asamblea Legislativa después no puede modificar, porque el artículo 85 así lo establece”.

Únicamente podrá el Congreso, intervenir si existiera diferendo entre las universidades y el Poder Ejecutivo para llegar a dicho acuerdo, según comentó Arias.

En su acción de inconstitucionalidad, los rectores se quejaron de que el recorte violentaba el artículo 85 de la Constitución Política, según el cual, el Estado financiará la educación superior estatal, cuyas rentas “no podrá ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.

Para el 219, la propuestas gubernamental para el FEES fue de ¢511.154 millones, el mismo monto del 2018, pero incluido el 3% de inflación estimada por el Banco Central. No obstante, los diputados de ese momento aprobaron rebajarle ¢10.000 millones para trasladar ese presupuesto a la amortización de la deuda pública.

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