Aarón Chinchilla EP. | Un proyecto de ley presentado por el independiente fabricista Harllan Hoepelman, pretende crear bolsas de empleo y convenios con la empresa privada, para otorgar trabajo a personas presas por pensión alimentaria.
Según trascendió, el objetivo básico de la iniciativa es “impulsar fuentes de empleo por medio de convenios con la empresa privada, así como una bolsa de empleo y capacitación, para que las personas deudoras alimentarias bajo apremio corporal que sufren por el desempleo, cuenten con ingresos económicos para pagar la pensión”.
Parte de los “beneficios” que se plantean en el expediente serían que la persona obligada al pago de pensión, tendría trabajo permanente con salario justo, además del aseguramiento mensual del pago de la cuota alimentaria, mediante deducción salarial.
Asimismo, se contempla que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) brinde capacitación y formación técnico-profesional a las personas deudoras alimentarias apremiadas, y además, se analizarán perfiles para brindarle oportunidades de ser beneficiaros de programas sociales.
“Este proyecto busca brindar una oportunidad a las personas apremiadas por pensión alimentaria, además servirá para brindarle el beneficio solo a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y que califiquen con los estudios de perfiles ocupacionales”, indicó el legislador.
Según Hoepelmann, con la iniciativa de ley, el Estado cumpliría con su deber de crear políticas de generación de empleo; Esto, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que mediante la Dirección Nacional de Empleo, deberá integrar en su plataforma de grupos de población especial a las personas apremiadas por deuda alimentaria, realizando los estudios y perfiles ocupacionales, que permitan y posibiliten un empleo.
Dicha Dirección, en coordinación con las Cámaras empresariales, tanto gubernamentales como privada, remitirá los casos a las bolsas de empleo disponibles.
El fin del apremio corporal no es punitivo, se trata de presionar a quien pueda pagar para que lo haga. Para sanciones, tenemos el derecho penal. Por eso consideramos que, si una persona sufre apremio corporal porque no tiene trabajo, el apremio pierde todo sentido, sale muy caro al Estado, y se convierte en un círculo vicioso de pobreza el mantener a esas personas allí cuando lo que necesitan son fuentes de empleo. Es por ello que hemos preparado este proyecto con la ayuda de juristas y un juez de pensiones pensionado, que nos han aportado sus experiencias de muchos años, para mejorar esta situación en pro del bienestar de las personas beneficiarias de pensión, que en su mayoría son personas menores de edad.
