Allan Madriz | ElPeriodicocr.com
Suspender por tres meses el cobro de créditos que los ciudadanos tengan con entidades financieras reguladas y personas físicas o jurídicas no reguladas, es lo que pretende un proyecto (expediente 22.517) de la diputada del PLN, Franggi Nicolás.
La medida, que tiene como objetivo llevar “un alivio” a miles de costarricenses que no tienen capacidad de pago debido a los impactos de la COVID-19, aplicaría a entidades como tiendas, almacenes de electrodomésticos, prestamistas y otras.
“Este esfuerzo se convierte en un paliativo importante, que llevará alivio, en un estado de tanta vulnerabilidad para la economía, para las personas, y las pequeñas empresas, facilitando con esto que el camino para enfrentar y salir de esta crisis, no sea tan tortuoso y traiga paz y tranquilidad, posibilitando que la población salga adelante y mejore su salud financiera”, afirmó Nicolás.
Para ser sujeto a esta iniciativa, la persona deberá demostrar la afectación que ha tenido mediante declaración jurada, respaldada con la documentación necesaria por reducción de ingresos producto del cierre de operaciones o reducción de un 40% de sus ingresos de la actividad comercial, despido del trabajo, suspensión temporal y reducción de jornada ordinaria con disminución del 50% del salario, conforme la normativa vigente.
La iniciativa establece que no se afectará la calificación crediticia del deudor, ni se podrán cobrar intereses por concepto de cargo asociado por el cese temporal del cobro.
Además, el periodo de suspensión puede ampliarse por un periodo de tiempo igual, si se prolongan los efectos generados por la pandemia sanitaria del COVID-19.
