Por Gustavo Arrieta
La Corte Plena votó de forma unánime para reelegir a Carlo Díaz como Fiscal General de la República por cuatro años más. Con 21 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones; un resultado que obedece más a una posición de línea política-económica que a un reconocimiento objetivo de capacidad y calidad.
Un resultado que desde los pasillos del Poder Judicial se celebró con estruendo, presentado como una gesta heroica, un muro inexpugnable erigido por la magistratura para defender la “autonomía e independencia judicial” frente a lo que consideran como los embates de Casa Presidencial.
Sin embargo, para el ciudadano de a pie que sufre a diario el vía crucis de los tribunales, el análisis no puede quedarse en la comodidad del aplauso fácil.
Visto sin el velo del triunfalismo institucional, este resultado unánime no es un síntoma de salud republicana; es la manifestación más transparente de una cúpula judicial abroquelada para defender, a toda costa, el status quo.
La gestión del Fiscal General Carlo Díaz ha terminado por consagrar una peligrosa sustitución en el ejercicio de la acción penal: la sustitución del rigor técnico por el espectáculo mediático.
Bajo su administración, el Ministerio Público ha priorizado los despliegues vistosos y la sobreexposición en titulares, sacrificando la solidez procesal en favor de un impacto político inmediato. Esta dinámica no solo trivializa la persecución del delito, sino que acostumbra a la ciudadanía a presenciar acusaciones estruendosas que, al carecer de una fundamentación jurídica rigurosa y de peritajes independientes, se desmoronan inevitablemente al cruzar el umbral de los tribunales.
El verdadero pecado de esta praxis no radica únicamente en su ineficiencia probatoria, sino en el grave daño institucional que inflige al Estado de derecho. Al convertir las investigaciones de alto perfil en herramientas de presión y narrativa política, el Fiscal General expone las grietas del sistema y erosiona la confianza en la justicia penal.
Sostener la persecución penal sobre hipótesis no verificadas y apasionamientos coyunturales no solo debilita la credibilidad del propio Ministerio Público, sino que degrada la seguridad jurídica del país, dejando la búsqueda objetiva de la verdad a merced del ruido mediático.
El mensaje de fondo que envía la Corte Plena al cerrar filas de manera absoluta no es de fortaleza, sino de profunda autocomplacencia. Al no registrarse un solo voto crítico, una sola duda o una sola objeción sobre el desempeño del Ministerio Público, los magistrados enviaron un mensaje peligroso: en el Poder Judicial no hay espacio para la autocrítica, la rendición de cuentas ni la evaluación del rendimiento.
¿Acaso la gestión de la persecución penal en Costa Rica ha sido impecable? La realidad del país dice todo lo contrario. Nos enfrentamos a un sistema ahogado por la mora procesal, donde más de un millón de casos activos saturan los juzgados y donde las investigaciones penales se eternizan durante años, debilitando la prueba y dejando a las víctimas sin respuesta. Nos enfrentamos a un Ministerio Público que, si bien ha abierto causas de alto perfil, no pocas veces ha visto desplomarse sus acusaciones en los estrados por errores de fundamentación técnica o fallas en el debido proceso.
Confundir la defensa legítima de la independencia judicial con el blindaje corporativo es un error gravísimo. La verdadera independencia no consiste en volverse inmune al escrutinio ni en calificar cualquier cuestionamiento como una “amenaza a la democracia”.
La verdadera independencia se demuestra con resultados, con rigor técnico y con la humildad institucional de reconocer las severas deficiencias que hoy paralizan la administración de justicia.
Al optar por la unanimidad perfecta, la Corte Plena prefirió el confort de la autoprotección antes que abrir una discusión seria sobre el rumbo de la justicia penal en el país. El resultado de 21 votos unánimes fue una demostración de fuerza corporativa, sí, pero también la confirmación de que la cúpula judicial está decidida a que todo siga exactamente igual.
Las simpatías o distancias políticas y la defensa de privilegios, no deben nublarnos el juicio, señoras y señores jueces.
