Allan Madriz| EP. La Defensoría de los Habitantes solicitó a las instituciones públicas elaborar una normativa interna que permita la atención de los casos de hostigamiento laboral.
Según señaló la Defensoría, falta de una Ley para prevenir, regular y sancionar el hostigamiento laboral en las instituciones del Estado, es necesario que se establezca un protocolo para recibir esas denuncias.
“La Defensoría ha recomendado a dependencias del sector público emitir normativa interna, en resguardo del derecho de las personas trabajadoras de ejercer sus labores en un ambiente seguro y libre de cualquier manifestación de violencia. Actualmente sólo 17 instituciones públicas tienen un Reglamento de atención del acoso laboral”, indica el comunicado de la Defensoría.
Para el ente defensor, uno de los mayores problemas que enfrentan las personas trabajadoras que sufren actos de acoso laboral en su trabajo, es la falta de claridad para saber dónde, cuándo y con quién denunciar estas agresiones.
La Defensoría indicó que a pesar de que hay instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social y Municipalidad que han emitido reglamentación en este sentido, otras como el Ministerio de Educación Pública no cuenta con una normativa específica, en una institución con una planilla de 78 mil personas trabajadoras.
“La Defensoría de los Habitantes se opone a que en el Ministerio (MEP) se realicen investigaciones preliminares sobre denuncias de acoso laboral, cuando éste claramente determinado una víctima y un posible agresor o agresora, por cuanto éste procedimiento utilizado más bien re-victimisa a la persona que sufre las acciones de hostigamiento laboral”, señala el ente defensor.
Para la Defensoría, es necesario implementar un procedimiento más efectivo para investigar las denuncias, por lo que recomienda un reglamento que regule el acoso laboral, donde establezca un “procedimiento expedito” para investigar las denuncias y en donde además se permita a los denunciantes constituirse en “partes interesadas del proceso”.
Por este motivo, aseguró que todas las instituciones del sector público deben declarar “cero tolerancia a la violencia labora”l, estableciendo un protocolo específico para prevenir, regular y sancionar el hostigamiento laboral.
