En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría de los Habitantes advirtió que la violencia contra mujeres y niñas no es un hecho aislado ni privado, sino una violación de derechos humanos sostenida por desigualdades estructurales, normas patriarcales y fallas en la respuesta del Estado.
La institución enfatizó que la violencia de género se manifiesta en múltiples espacios hogar, trabajo, salud, educación, política, espacio digital e institucionalidad y tiene raíces profundas en la discriminación histórica, la normalización de la desigualdad y la falta de corresponsabilidad social y estatal en los cuidados.
La Defensoría alertó que la situación se agrava cuando las políticas públicas no abordan las causas estructurales de la violencia. La crisis reciente por el atraso en las licencias de cuido afectó especialmente a las mujeres, quienes son las principales cuidadoras en situaciones de enfermedad, discapacidad o niñez. La ausencia de subsidios colocó a muchas familias en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y riesgo, evidenciando la necesidad de un sistema de cuidados sólido y sostenible.
El Informe Estado de la Nación 2025 también dejó en evidencia que el mercado laboral penaliza la maternidad. Aunque cerca del 70% de las mujeres en edad laboral son madres, solo el 44% participa en el empleo, frente al 50% de mujeres sin hijos y el 70% de los hombres. Además, el 47% de las madres trabaja en la informalidad, lo que limita su autonomía económica y aumenta su exposición a la violencia.
La Defensoría señaló que el crimen organizado se aprovecha de la precariedad que viven muchas mujeres, empujándolas hacia actividades ilícitas por necesidad o coacción. Varias terminan privadas de libertad como eslabones menores de redes criminales, una realidad que afirman debe analizarse con enfoque de género y derechos humanos.
Asimismo, advirtió sobre la persistencia del hostigamiento sexual y la violencia obstétrica, especialmente en mujeres indígenas, quienes enfrentan barreras territoriales, culturales y médicas que vulneran su derecho a una atención digna e intercultural.
Hasta la fecha, Costa Rica registra 33 femicidios en lo que va del 2025, colocándolo entre los años más letales de la última década. La Defensoría asegura que detrás de cada caso existe una cadena de fallas institucionales: alertas ignoradas, protección tardía, atención fragmentada y ausencia de prevención eficaz.
La Defensoría reiteró la obligación del Estado de actuar con debida diligencia, prevención y protección efectiva, y pidió:
Fortalecer la respuesta interinstitucional ante el riesgo de femicidio.
Presupuestos suficientes para políticas sociales, educativas, de salud y protección.
Un sistema nacional de cuidados sostenible y corresponsable.
Eliminar barreras laborales y garantizar autonomía económica para las mujeres.
Enfrentar el crimen organizado con enfoque de género.
Mejorar los procesos de denuncia e investigación del hostigamiento sexual.
Erradicar la violencia obstétrica y garantizar atención respetuosa e intercultural.
La institución concluyó que “una sociedad justa no puede tolerar que ser mujer signifique vivir con miedo” y afirmó que continuará vigilante, acompañando a las víctimas y exigiendo respuestas efectivas para que ninguna mujer más sea silenciada, violentada o asesinada en Costa Rica.
