George Rodríguez EP. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Center for Justice and International Law, Cejil) exigió este viernes, a Nicaragua, que facilite el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en ese país.
Para ello, debe entregar, al GIEI, la información necesaria con la cual el equipo de trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pueda cumplir el cometido de apoyar la investigación local de hechos violentos ocurridos en el marco de la crisis sociopolítica que convulsiona a ese país, planteó Cejil, en un comunicado.
“Exigimos al Estado nicaragüense que proceda a entregar la información disponible y que elimine cualquier barrera para que los órganos internacionales puedan cumplir efectivamente con su labor”, aseguró la organización defensora de los derechos humanos con sede central en Washington.
Las instituciones pertinentes deben apoyar al GIEI, indicó, asimismo.
“Es indispensable que el grupo investigador cuente con la colaboración institucional para llevar a cabo su mandato y dar una respuesta a las víctimas que claman por justicia”, advirtió, en texto de nueve párrafos.
Además de condenarla, Cejil expresó preocupación por esa conducta, de acuerdo con lo indicado en el texto emitido en San José, la capital de Costa Rica, donde tiene su sede regional centroamericana.
“Como organización que ha monitoreado la crisis de derechos humanos en el país, condenamos esta actuación del Estado, la cual devela su falta de voluntad para dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en específico, la que implica garantizar que se conozca la verdad de lo ocurrido y que se identifiquen, juzguen y sancionen a la totalidad de los responsables”, señaló.
La misma actitud oficial enfrentan el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el personal enviado al terreno por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), denunció Cejil.
Tales obstáculos “demuestran que las autoridades están determinadas a que haya impunidad y que las violaciones de derechos humanos sigan ocurriendo”, denunció.
El centro formuló, adicionalmente, un llamado al apoyo internacional para que Nicaragua cumpla su deber de asegurar la vigencia de los derechos humanos.
“Exhortamos a la comunidad internacional para que continúe apoyando el funcionamiento de estos mecanismos y requiera al Estado nicaragüense cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas en este país”, planteó.
El pronunciamiento de Cejil fue emitido un día después de que el GIEI denunció en Managua, la capital nicaragüense, que no ha recibido, de parte del gobierno presidido por Daniel Ortega, la información necesaria para ayudar en la investigación de hechos de violencia enmarcados en la crisis sociopolítica que hace más de tres meses golpea al país.
Se trata del contenido de los expedientes del Ministerio Público (MP) y datos de otras fuentes estatales, insumos esenciales para el desempeño de su labor, dijeron, en conferencia de prensa, los cuatro integrantes del equipo de la OEA.
En opinión de activistas locales de derechos humanos, coincidente con el planteamiento de Cejil, el gobierno procura, de esa manera, mantener en impunidad los crímenes cometidos en el marco de la represión antiopositora.
“Hasta el día de hoy, no hemos tenido acceso a esa información, que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que se nos asignaron”, dijo Claudia Paz y Paz, quien, junto con Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, y Pablo Parenti, integra el equipo de expertos.
Al no contar con esa información, el grupo se ve impedido de cumplir plenamente su mandato, advirtió.
Los integrantes del GIEI señalaron que desde que se instalaron, el 3 de julio, en Nicaragua, vienen solicitando los insumos para cumplir su labor.
En un comunicado difundido durante la conferencia de prensa, el GIEI señaló que “esta información no solo es necesaria sino imprescindible para poder cumplir con la función de coadyuvancia a las autoridades nacionales”.
En opinión de activistas nicaragüenses de derechosa humanos, se trata de un esfuerzo gubernamental por mantener la impunidad en materia de violaciones a las garantías fundamentales en el marco de la dramática situación nacional.
En ese sentido, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, advirtió que “es un patrón de conducta del Estado de Nicaragua, de garantizar, siempre, impunidad ante los crímenes”.
El grupo fue creado mediante acuerdo entre la OEA y el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, suscrito el 30 de mayo, en la sede de la organización continental, en Washington.
Según lo indicado en el texto, el GIEI tiene “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para la investigación de los hechos de violencia, y, entre otros cometidos, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.
El GIEI tiene plazo inicial de trabajo de seis meses, aunque el mandato es prorrogable según se considere necesario.
La designación de los cuatro integrantes del grupo correspondió al secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, a partir de propuestas formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acuerdo de cuatro páginas fue firmado por Almagro, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un decreto que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la violenta crisis sociopolítica nicaragüense había cobrado, al final de julio, casi 450 vidas y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, fruto principalmente de la represión policial y parapolicial antiopositora.
Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido mediante la represión de la protesta popular.
