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George Rodríguez EP. Costa Rica reiteró su llamado, a Venezuela, a restablecer la democracia y el respeto a los derechos humanos, informó, este viernes, la cancillería costarricense.

Ello, en concordancia con lo expresado, las semana pasada, por el Grupo de Lima, en una declaración a la que el país centroamericano adhirió al firmar el documento, señaló el ministerio, en un comunicado.

“Costa Rica reiteró hoy su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela y reafirmó ‘las expresiones y los llamados que se han hecho colectivamente a Venezuela’ para el pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos a fin de atender las causas de dicha crisis, como lo formuló días atrás en conjunto con otras naciones del Grupo de Lima”, indicó.

El planteamiento está contenido en una nota de la cancillería costarricense a su contraparte venezolana, de acuerdo con la información oficial.

El ministerio “confirmó que, remitió una nota a la Cancillería venezolana en la que reitera su ‘profunda preocupación por la grave crisis de Venezuela y reafirma su llamado por el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos’ en ese país suramericano.

La comunicación marcó la respuesta de Costa Rica a la nota de protesta que recibió, hace dos días, de Venezuela, precisó.

La queja venezolana, “remitida el pasado 9 de enero (…) se refiere a la posición de Costa Rica externada mediante la Declaración del Grupo de Lima”, expresó.

La comunicación costarricense reafirmó, asimismo, que no reconoce, como legítimo, el segundo período gubernamental del presidente venezolano, Nicolás Maduro, iniciado el jueves, cuando fue juramentado para el sexenio 2019-2025, su segundo mandato consecutivo.

“Igualmente, Costa Rica ratifica que no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019, y formula un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias de un proceso libre, justo, transparente, democrático y legítimo, como merece el pueblo venezolano”, expresó.

Los firmantes de la Declaración de Lima, suscrita el 4 de enero, plantearon que, en lugar de ser juramentado para su segundo período presidencial consecutivo (2019-2025), Maduro debía trasladar, provisionalmente, el Poder Ejecutivo, a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), para permitir la realización de elecciones democráticas.

Ello, porque Maduro fue el ganador de los cuestionados comicios llevados a cabo el 20 de mayo de 2018, según lo indicado en el documento dado a conocer al cierre de la reunión de cancilleres del bloque llevada a cabo en Lima, la capital de Perú.

México fue el único de los catorce países integrantes del grupo que no suscribió la declaración, en seguimiento a sus principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos y no intervención, tal como expresó, en el encuentro, su vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.

Los firmantes del texto de 13 puntos contenidos en tres páginas indicaron que “instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el  poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.

Creada constitucionalmente en 1999, en reemplazo del bicameral Congreso de la República, la Asamblea Nacional es, desde 2016, dominada por mayoría opositora, razón por la cual es desconocida por el régimen de Maduro, el cual, para neutralizar el peso opositor legislativo, instaló, mediante decreto presidencial, en 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar un nuevo texto constitucional y con facultades plenipotenciarias por encima del Poder Legislativo.

Los firmantes plantearon, además, la ilegitimidad de la elección presidencial del año pasado -en la que Maduro obtuvo casi 68 por ciento de votos, de acuerdo con los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)-, “por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”.

Un día antes de iniciar su nuevo mandato presidencial, Maduro informó que los países del Grupo de Lima firmantes de la declaración sobre Venezuela, tenían cuarenta y ocho horas para rectificar su posición o atenerse a severas medidas diplomáticas defensivas.

“Hoy se entregó, a todos los gobiernos del ‘cartel de Lima’, esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela, en 48 horas, o el Gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad de la soberanía”, afirmó el presidente, en conferencia de prensa con medios internacionales, en Caracas, la capital nacional.

La Declaración de Lima y la juramentación de Maduro se enmarcaron en la crisis socioeconómica, política, y de seguridad que hace años afecta a Venezuela, situación que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, quienes se han desplazado a países sudamericanos tales como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú.

Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.

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