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George Rodríguez EP. La violenta crisis sociopolítica que hace más de ocho meses golpea a Nicaragua justifica la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, aseguró, este viernes, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La represión antiopositora, con centenares de víctimas fatales así como más de medio millar de presos políticos, constituye la base sobre la cual el régimen nicaragüense ejerce el poder, aseguró Almagro, al participar en la sesión extraordinaria que el Consejo Permanente de la OEA llevó a cabo para continuar abordando la dramática situación en ese país centroamericano.

“La crisis en Nicaragua justifica, plenamente, la invocación del artículo 20 de la Carta Interamericana”, ya que “el gobierno está actuando fuera del margen del Estado de Derecho”, expresó el jerarca de la OEA, un ex canciller uruguayo.

Ese artículo da inicio al proceso que, según sea la gravedad de cada caso, culmina en la suspensión, del sistema interamericano, del país cuyo orden constitucional sea alterado.

La conducta del régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es incompatible con el Estado de Derecho, advirtió Almagro.

“El ejercicio del poder sobre la base de la represión y torturas no es consecuente con el Estado de Derecho”, como tampoco lo son “la criminalización de las protestas y la represión a los medios de comunicación, donde estudiantes han sido acusados de terroristas”, contexto en el cual “el gobierno mantiene más de 539 presos políticos”, explicó.

El régimen actúa con impunidad, planteó el funcionario.

“El ejercicio del poder, en Nicaragua, no tiene límite ni contrapeso, pues siguen realizando detenciones arbitrarias y encarcelamientos, manteniendo a los detenidos en condiciones infrahumanas. Estos hechos dejan al descubierto a un estado que actúa al margen del Estado de Derecho, donde la oposición real ha sido excluida del sistema político, pues la Corte Suprema de Justicia ha cancelado la existencia de partidos políticos, y estas prácticas han eliminado el pluralismo político”, precisó.

El cuadro de situación en ese país muestra que el Poder Ejecutivo controla a los demás poderes del Estado, indicó, asimismo, el secretario general.

“Por lo tanto, cuando solicitamos la aplicación del artículo 20 de la carta democrática es porque queremos que Nicaragua se abra una oportunidad para resolver esta grave alteración del orden constitucional, e instamos a Nicaragua a hacer un uso adecuado de estos mecanismos y procedimientos, basado en la propia carta democrática interamericana”, puntualizó.

Sobre la base de los datos contenidos en informes de equipos de trabajo de la OEA, incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), el Consejo Permanente debe actuar decisivamente en el caso nicaragüense, dijo.

En ese sentido, Almagro planteó que “este Consejo debe tomar una decisión en base a la información de la que dispone”.

El Giei y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), los dos equipos de trabajo con los que la CIDH contaba en el país, fueron expulsados, por la cancillería de ese país, el 19 de diciembre, fecha en la cual el ministerio también suspendió la visitas de la comisión a esa nación centroamericana.

Los planteamientos del secretario general, lo mismo que la realización de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, fueron blanco de fuertes críticas por parte del canciller de Nicaragua, Denis Moncada.

El ministro, un militar retirado, formuló la reiterada denuncia gubernamental de que las acciones de la OEA constituyen maniobras del gobierno estadounidense, y volvió a acusar a Almagro de ser un agente de ese gobierno lo mismo que de los sectores golpistas que han generado la violencia que afecta a Nicaragua.

El régimen Ortega-Murillo sostiene que la crisis estallada en abril del año pasado derivó de lo que repetidamente ha descrito como un intento del golpe de Estado que el gobierno frustró.

“El Gobierno de la República de Nicaragua expresa su más enérgico rechazo y condena a la nueva maniobra desestabilizadora del Gobierno de los Estados Unidos, utilizando esta vez a su agente político el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien ha invertido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al pretender realizar una acción ilegal e ilegítima promoviendo la aplicación del artículo 20 de la misma contra el pueblo soberano de Nicaragua”, afirmó, en una de sus intervenciones en la reunión del Consejo Permanente.

Almagro se equivoca, al no defender al gobierno nicaragüense, surgido de elecciones democráticas, sino a los autores del intento por derrocarlo, aseguró el canciller.

“El Secretario General no defiende a los Gobiernos Constitucionales electos democráticamente, escoge rutas equivocadas, y apoya a grupos terroristas y golpistas que actuaron criminalmente contra el pueblo de Nicaragüense y las Instituciones del Estado.”, señaló.

La dramática situación nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen Ortega-Murillo ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.

Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

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