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George Rodríguez EP. La comunidad internacional tiene, colectivamente, la responsabilidad de proporcionar protección a los migrantes quienes se ven obligados a salir de sus países de origen, planteó este lunes la vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, al participar, en Naciones Unidas, en una reunión sobre refugiados.

Es necesario que los países, como Costa Rica, que son receptores de migrantes en procura de refugio sean apoyados mediante cooperación internacional sostenible en esa materia, indicó Campbell, en el Evento de Alto Nivel sobre el Pacto Global sobre Refugiados: un modelo para mayor solidad y cooperación.

“Creemos que todos tenemos la responsabilidad de proteger a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus países, y, por lo tanto, las acciones de la cooperación internacional que se orienten en este sentido deben ser sostenibles”, expresó, durante la reunión enmarcada en el 73 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La funcionaria destacó, a manera de ejemplo, el caso de Costa Rica, que actualmente registra un alto número de solicitudes de refugio por parte de migrantes de la vecina Nicaragua, país centroamericano convulsionado, hace algo más de cinco meses, por una violenta crisis sociopolítica.

En ese contexto, más de 23 mil ciudadanos nicaragüenses han ingresado a territorio costarricense y solicitado refugio, lo que se suma a similares gestiones que, en menor número, gestionan nacionales de Colombia, Venezuela, y los países del Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala, Honduras-.

“Actualmente, Costa Rica es el único país de Centroamérica que recibe solicitantes de asilo por todas las causas y situaciones importantes de la región: Venezuela, el norte de Centroamérica, Colombia y, más recientemente, Nicaragua”, precisó.

Las gestiones registran una tendencia alcista, lo que obliga a las autoridades costarricenses a actualizar, permanentemente, el esquema de atención humanitaria.

“El constante aumento en las solicitudes de refugio, nos hace seguir trabajando para mantener claras guías operativas, efectivos canales de comunicación y, muy importante, mantener una constante actualización de nuestros planes de contingencia”, subrayó.

En posteriores declaraciones, difundidas por la cancillería costarricense, Campbell reafirmó la necesidad de concientización de la comunidad internacional respecto a apoyar a los países receptores de migrantes en procura de refugio.

“El apoyo tiene que estar dado en los dos sentidos: en el apoyo humanitario y la atención en un contexto de derechos humanos para las personas que tienen que huir de sus países, pero, luego, el respaldo para los países que nos convertimos en receptores, en países que hacemos un esfuerzo importante, institucional, para recibir”, por lo que, en el encuentro, Costa Rica formuló “un llamado, bien contundente, a que la cooperación internacional vuelva sus ojos a países que, como el nuestro, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en esa materia”.

En el caso de Costa Rica, las solicitudes de refugio se ubicaron en alrededor de mil por año, en promedio, durante el período 2012-2014, para dispararse a 2,203 en 2015,  a 4,470 en 2016, y a 5,455 en 2017, de acuerdo con datos oficiales.

Los grupos nacionales que conforman la población solicitante de refugio también han registrado cambio, ya que en 2012-2014 el contingente principal estuvo constituido por ciudadanos colombianos, seguido en general por centroamericanos –principalmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica- y cubanos, y en grado mucho menor, venezolanos.

Desde 2015, las proporciones se han modificado radicalmente, con marcados ascensos de centroamericanos y venezolanos y una fuerte disminución de los otros dos, y desde abril de 2018 registrando el marcado aumento de solicitantes nicaragüenses –a causa de la actual crisis en su país de origen-.

En términos generales, Naciones Unidas inició, hace dos años, un proceso con miras a establecer un acuerdo global –Pacto Mundial sobre Refugiados-, tema a ser abordado este año por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El trabajo en ese sentido inició el 19 de setiembre de 2016, cuando la Asamblea General aprobó, en su septuagésima segunda sesión ordinaria, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, documento que consiste en una serie de compromisos para fortalecer la protección de esas poblaciones en movimiento.

El texto -que toma su nombre de la nororiental ciudad estadounidense donde se ubica la sede de la organización mundial- establece, en su Anexo 1, el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF).

El CRRF, a su vez, determina acciones para, entre otros objetivos, consolidar medidas de recepción y admisión de solicitantes de refugio que sean rápidas y sólidamente fundamentadas, lo mismo que la cobertura de necesidades que presentan esas poblaciones –tales como protección y salud, entre otras-, además de acciones de apoyo institucional y comunitario a los países receptores.

En ese contexto, el Marco de Protección y Soluciones de Respuesta a la Situación de Personas Refugiadas en Costa Rica (Minare) se ha constituido en el aporte de este país centroamericano al proceso de construcción del pacto global.

Elaborado sobre la base de una consulta nacional llevada a cabo en 2016, con apoyo de Naciones Unidas, el Minare contiene acciones específicas, entre otros campos, en materia de cooperación en los aspectos humanitarios de las migraciones y, en particular, de las poblaciones en procura de refugio fuera de sus países de origen.

También apunta a la efectiva integración, de esas personas, al contexto nacional, estableciendo nuevos paradigmas, de modo de eliminar componentes sociales de exclusión y otras formas de discriminación.

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