La Corte Suprema de Justicia remitió este lunes a la Asamblea Legislativa la acusación penal y la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad conocido como inmunidad contra el presidente Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, por su presunta implicación en el caso conocido como BCIE-Choreco.
Ambos funcionarios figuran como imputados por el delito de concusión, tras supuestamente inducir al empresario Cristian Bulgarelli a girar $32.000 al exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz Saravanja, con fondos provenientes de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El contrato con Bulgarelli, por un total de $400.000, estuvo vigente entre octubre de 2022 y octubre de 2023.
Rodríguez, entonces jefe de despacho presidencial, también habría gestionado recursos para la compra de una vivienda a nombre del exasesor.
Con el envío del expediente al Directorio Legislativo, la Asamblea deberá decidir si levanta la inmunidad de los altos funcionarios para que la Sala Tercera de Casación Penal continúe con el proceso judicial. Para ello, se conformará una comisión especial de tres diputados, que analizará las pruebas y emitirá una recomendación al Plenario Legislativo.
El levantamiento del fuero requiere el voto favorable de al menos 38 diputados. Si se aprueba, un magistrado instructor asumirá la investigación, tomará declaración a los imputados y dará paso al proceso judicial correspondiente, incluida la eventual celebración de un juicio oral y público.
Desde mayo, tanto el presidente como su abogado, José Miguel Villalobos, han indicado que contemplan renunciar voluntariamente a la inmunidad, aunque sin confirmar una decisión definitiva. El fiscal general advirtió que no es jurídicamente válido renunciar parcialmente a esta protección constitucional para un caso específico.
En junio, el Tribunal de la Corte Plena autorizó el envío de la acusación con 15 votos a favor y 7 en contra. Según el artículo 121 de la Constitución Política, la Asamblea Legislativa tiene la potestad exclusiva de admitir o no las acusaciones contra el presidente de la República.
El caso BCIE-Choreco se suma a una serie de investigaciones de alto perfil que involucran fondos públicos y el uso indebido de donaciones internacionales, generando una fuerte controversia política y judicial en el país.
