La Corte Plena respondió este lunes, de forma unánime, a las declaraciones emitidas por la presidenta de la República, Laura Fernández, quien aseguró la semana anterior que el crimen organizado se ha infiltrado “hasta el tuétano” en el Poder Judicial.
Durante la sesión de este 6 de julio, los 22 magistrados aprobaron un pronunciamiento en el que rechazaron categóricamente esas manifestaciones y defendieron la labor de la institución y de sus funcionarios.
“La Corte Plena rechaza categóricamente las manifestaciones de la señora presidenta de la República respecto de una infiltración ‘hasta el tuétano’ del crimen organizado en el Poder Judicial. En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado”, señala el acuerdo.
Las declaraciones de Fernández fueron realizadas durante la conferencia de prensa del pasado 1.° de julio, en la que manifestó que el crimen organizado ha logrado penetrar distintas instituciones del Estado y afirmó que esa infiltración alcanza “hasta el tuétano” al Poder Judicial. La mandataria sostuvo que el país enfrenta una amenaza creciente por parte de las organizaciones criminales y que el sistema de justicia debe fortalecerse para impedir que esos grupos ganen espacios.
Como respuesta, la Corte Plena defendió que el Poder Judicial cuenta con mecanismos internos para detectar, investigar y sancionar cualquier acto irregular que se presente dentro de la institución.
Además, recordó que el Poder Judicial está integrado por más de 13.800 personas funcionarias que diariamente desempeñan sus labores “con compromiso, responsabilidad y apego a los principios que rigen la administración de justicia”.
Uno de los puntos más contundentes del pronunciamiento fue el llamado directo a la presidenta para que formalice sus señalamientos.
“Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente”, indicaron los magistrados.
Finalmente, la Corte reiteró que mantiene una política de “cero tolerancia a la corrupción” y aseguró que continuará vigilante para detectar, denunciar y sancionar cualquier conducta irregular dentro de la institución.
El intercambio se produce en medio de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por temas relacionados con la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y el funcionamiento del sistema de justicia. En los últimos meses, el Gobierno ha cuestionado decisiones judiciales y ha insistido en la necesidad de impulsar reformas para endurecer el combate contra las estructuras criminales, mientras que el Poder Judicial ha defendido la independencia de sus actuaciones y el respeto al debido proceso.
