Por Karina Sainz Borgo. Periodista y escritora venezolana.
La tierra tembló en Venezuela, dos veces. Lo hizo con tanta fuerza que fracturó hasta la última astilla de un Estado ya hecho polvo. Consternados por la total ausencia de autoridades, abandonados en su desesperación, los ciudadanos se lanzaron a las calles para rescatar a los suyos. Sin brigadas de protección civil, sin bomberos y sin maquinaria, usando tan solo sus manos hasta dejarlas en carne viva. Durante las primeras 48 horas buscaron a sus vivos y a sus muertos a ciegas. Ahora que llega el cuarto día, la tragedia se impone en toda su magnitud.
Un terremoto es un hecho natural. Pero lo que ocurre antes y después es político. Si colapsan los hospitales, si no existen unidades de rescate, si los bomberos no son suficientes, si las infraestructuras se caen por falta de mantenimiento y los hospitales han sido desvalijados, el terremoto acaba por revelar una historia política anterior: el total abandono del proyecto común. Durante los años de gobierno de Nicolás Maduro proliferaron más cárceles que ambulatorios, muchos más centros de tortura que hospitales en condiciones. Y si a eso se suma la etapa previa de Hugo Chávez, se completan 27 años previos en los que la nación nunca paró de temblar.
Antes que los edificios, en Venezuela se derrumbaron las instituciones. Porque hay cosas de las que el régimen sí es responsable: de la destrucción del sistema de salud; de la corrupción; de la censura y el bloqueo de medios y redes sociales; del aislamiento (en 2024 Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Costa Rica, Chile, Argentina, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay) y de una diáspora de ocho millones de ciudadanos que abandonaron un territorio depauperado en sus más elementales indicadores económicos y devastado en lo que a libertades civiles supone.
En apenas quince años, Venezuela ha vivido uno de los mayores procesos de empobrecimiento material, moral y político. La capacidad de respuesta del Estado venezolano ante una catástrofe es tan pobre como su espíritu democrático y su respeto por los derechos humanos. Un poder que persigue al que disiente, que tortura, secuestra, roba y reprime no entiende ninguna vida como valiosa. Y esta vez ha vuelto demostrarlo.
Quien asume y diseña la nación como una cárcel, como lugar de castigo y vigilancia, difícilmente comprende la obligación de asistir y socorrer. Que al ciudadano le sobre coraje y que la sociedad venezolana sea más fuerte que los tiempos que le han tocado vivir no minimiza una verdad incontestable: el Gobierno ilegítimo y autoritario que Delcy Rodríguez mantiene tras entregar a Maduro a Estados Unidos no es más que una caja vacía, un inmenso ataúd. El régimen intenta ahora controlar las ayudas a una sociedad golpeada, primero por sus gobernantes y ahora por la naturaleza.
*Este artículo se publicó originalmente en El Nacional.
