San José.- Coopesalud, Coopesain y Coopesana demandan a la contralora Marta Acosta, al auditor interno de la Contraloría y a seis funcionarios por la elaboración de la nota técnica (DFOE-BIS-NT-00001-2024), que usó el Ministerio Público para justificar los allanamientos del llamado caso barrenador.
Las cooperativas señalan que tanto la contralora Marta Acosta como el auditor interno Jorge Suárez Esquivel, se negaron a investigar las acciones irregulares mediante las cuales, seis funcionarios elaboraron, en tiempo récord, una defectuosa nota técnica que permitió los allanamientos sin sustento técnico adecuado.
Dicha nota técnica, estaba basada en un estudio defectuoso del Área de Contabilidad de Costos de la Caja, donde se manipularon las tablas contables que evidenciaban ahorros millonarios para la Caja Costarricense de Seguro Social, y argumentando, por el contrario, supuestos sobreprecios que dañaron el proceso de adjudicación de 138 Ebais a cuatro cooperativas de salud y a una asociación.
Tanto Acosta como Suárez alegaron que no iban a investigar a los funcionarios que elaboraron la nota técnica, argumentando que este proceso se encuentra bajo una investigación penal.
Sin embargo, las cooperativas alegan que la Contraloría y el auditor no pueden ni deben evitar investigar irregularidades administrativas, ya que esta situación no afecta de forma directa las diligencias de la Fiscalía en materia penal.
Contradicción
“La propia Contraloría ha señalado que la existencia de una investigación penal, no impide que se investigue administrativamente a funcionarios públicos por sus actuaciones”, señaló el abogado de Coopesalud, Roy Ramos.
Los gerentes del área de Investigación para la Denuncia Ciudadana y la del Área de Desarrollo y Bienestar Social, de forma irregular y sin estudios técnicos revisables, validaron el defectuoso estudio del Área de Contabilidad de Costos para emitir la nota técnica que permitió los allanamientos del 23 de setiembre de 2024.
Las cooperativas solicitaron al Tribunal Contencioso que se declare la nulidad absoluta de la nota técnica y se obligue a la Contralora General de la República y al Auditor Interno a investigar las irregulares actuaciones de los funcionarios denunciados.
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