George Rodríguez EP. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sería citado la próxima semana para decidir si aplica la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, informó este domingo el periódico nicaragüense El Nuevo Diario.
“Antonia Urrejola, la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no descartó que el Consejo Permanente (…) cite la próxima semana a una sesión extraordinaria para activar el inicio del proceso de la aplicación de la Carta Democrática al estado nicaragüense”, indicó el diario.
La embajadora de Costa Rica en la OEA, Montserrat Solano –actualmente en ejercicio de la presidencia del consejo- debe iniciar el procedimiento para convocar al organismo, señaló Urrejola, en declaraciones al periódico nicaragüense.
“La presidenta del consejo tiene que ver si hay quórum, etcétera, y allí se empieza a discutir”, explicó la comisionada chilena, quien reafirmó que “tienen que citar y debe haber quórum, seguramente la otra semana”.
Urrejola aludió así a la solicitud de convocatoria inmediata a sesión del consejo, formulada el 28 de diciembre, mediante nota, por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, a Solano.
“Le solicito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la convocatoria inmediata de una sesión del Consejo Permanente para considerar la situación en Nicaragua”, en virtud de que “se ha producido allí una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”, indicó el secretario general, en el texto de poco más de dos páginas.
Ante tal contexto, es necesario que el organismo evalúe la situación, señaló Almagro.
“El Consejo Permanente deberá con urgencia realizar una apreciación colectiva de la situación con el fin de adoptar las decisiones que estime convenientes”, precisó.
Al respecto, en breves declaraciones difundidas también el 29 de diciembre por la cancillería costarricense, Solano indicó que inició el procedimiento del caso.
“El viernes, por la tarde, recibimos la nota por parte del secretario general, para activar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (…) como corresponde, ha sido circulada entre los representantes de los estados miembros, y, desde ese momento, se iniciaron las consultas y gestiones, entre los estados, y las conversaciones, para identificar los pasos necesarios para avanzar en la activación”, expresó la diplomática.
El artículo 20 de la carta establece que, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
De acuerdo con la situación de que se trate, el consejo podrá disponer que se lleve a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país afectado.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, indica, asimismo.
El artículo reafirma que, durante el proceso, se llevará a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Entretanto, el artículo 21 prevé los pasos a seguir en el caso de que las gestiones diplomáticas y de buenos oficias no resulten exitosas, y establece que el país del caso sea sancionado, mediante la suspensión como miembro de la OEA.
Desde la aprobación de la Carta Democrática, en 2001, la sanción de suspensión se ha aplicado una vez, en el caso del cruento golpe de Estado que, en junio de 2009, derrocó, en Honduras, al presidente Manuel “Mel” Zelaya, siete meses antes de que finalizara su mandato constitucional.
Almagro formuló la solicitud de sesión un día después de que el Consejo Permanente de la OEA se reunió para abordar la crisis nicaragüense.
Durante esa Sesión Especial, llevada a cabo el 27 de diciembre, la CIDH presentó, al consejo, el documento del Giei titulado “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-.
La dramática situación nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado por lo menos 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
