La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, denunció un supuesto desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) e instó a investigar presuntos actos de corrupción dentro de la institución. Durante una conferencia de prensa, la legisladora cuestionó el cierre de la Dirección de Planificación y la demolición de un edificio histórico, acciones que atribuyó a una falta de sustento técnico.
Segura criticó las recientes decisiones del Gobierno. Explicó que el Poder Ejecutivo clausuró el área de planificación basándose en un informe de la Contraloría General de la República que señalaba inconsistencias, pero reprochó que se optara por el cierre en lugar de corregir los errores apuntados.
“Eso es gravísimo, máxime en un momento en donde estamos hablando de un proyecto que lo que busca es seguir desmantelando, como lo es el proyecto de armonización del mercado eléctrico nacional”, aseveró Sigrid Segura, diputada del Frente Amplio.
Posteriormente, la legisladora subrayó la necesidad de garantizar el suministro eléctrico para toda la población, al calificar este recurso como vital para la supervivencia y el desarrollo de las actividades cotidianas.
En este contexto, Segura exigió explicaciones claras al jerarca de la institución. “Yo creo que don Marco Acuña debería de rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica, tanto por el tema de las actas, por lo que ha expresado en otras ocasiones, como los nombramientos a dedo o irregulares”, mencionó la congresista.
Adicionalmente, la diputada alertó sobre un presunto uso de recursos institucionales para fines ajenos al sector energético. Detalló que el Centro de emergencias del ICE habría gestionado la compra de bases de datos de ciudadanos con información académica, profesional, laboral, patrimonial, crediticia y judicial.
“Costarricenses, pongan atención porque aquí lo que se está armando parece que es otra cosa que no tiene nada que ver con electricidad y tiene que ver mucho con corrupción”. advirtió la diputada frenteamplista.
Finalmente, Segura invitó a Acuña a responder los oficios pendientes y planteó la apertura de una investigación formal en las comisiones de la Asamblea Legislativa para esclarecer la situación de la entidad y el futuro eléctrico del país.
