Luego de una jornada de mea culpa desde el Congreso, los diputados corrigieron los errores de sus antecesores que incluyeron a organizaciones, colegios profesionales y entidades no estatales en la aplicación de una regla fiscal escrita con reglones torcidos.
Pese a los litros de tinta expuestos para defender la norma, los diputados de la presente legislatura terminaron por aceptar los errores de la Asamblea anterior y sacaron a casi sesenta organizaciones de la aplicación de una norma.
El curioso silencio de la Contraloría General de la República ayudó a sostener el entuerto por años, pese a que es el órgano auxiliar de los diputados, en este caso, no los auxilió.
De esta forma, 34 colegios privados y organizaciones clave para el Estado como el OIJ, el CNP, Bomberos y el ICE quedaban amarrados en sus presupuestos, atrasando el desarrollo de programas y proyectos económicos en todo el país.
Por ejemplo, solo el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) pidió por cuatro años a los diputados la reforma, pues los recursos que las cooperativas dirigen por ley a esta institución se estaban quedando estancados en certificados e inversiones donde el dinero no se moviera, pues no podían presupuestarlo.
Los cooperativistas llegaron a estancar casi ¢1.100 millones a pedido de la Contraloría, que amenazaba con abrir procesos contra los directores que presupuestaran los recursos.
Caso similar sucedía en las demás instituciones, hasta que se dio la aprobación de la propuesta de ley bajo el expediente 23.3330, que fue aprobada este jueves y liberó a esas institituciones.
Alonso Mejía.
