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George Rodríguez EP. La organización universitaria Usac Pueblo, de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), repudió este jueves, mediante mantas colocadas en las instalaciones de la casa de estudios y en varias zonas capitalinas, al presidente guatemalteco, Jimmy Morales.

La acción de Usac Pueblo siguió a la decisión, tomada un día antes, por el Consejo Superior Universitario (CSU) del centro educativo, de declarar, a Morales y al vicepresidente, Jafeth Cabrera, como “personas non gratas”.

Ello, después de que el mandatario afirmó que es excesivamente elevada la inversión que significa cada estudiante de ese centro de estudios superiores.

Las mantas colocadas en los distintos lugares indican que la Usac, así como cada zona de la ciudad donde se llevó a cabo la acción “no tiene presidente”.

Durante una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), Morales afirmó que la Usac “es una universidad carísima a la que se le asigna el cinco por ciento del presupuesto ordinario, o sea que, cada estudiante le sale carísimo al pueblo de Guatemala”.

El mandatario indicó que fue estudiante de ese centro educativo superior –sin precisar los años-, pero que pagó cinco quetzales (unos 0.64 dólares) mensuales, mientras que, actualmente cada estudiante cuesta mil a 1500 quetzales (alrededor de 128 a 192 dólares) por mes.

“Yo estudié mis cinco años y no le robé un año más a mi pueblo. No digamos robo, no le causé un gasto más de lo que mi pensum me permitía”, afirmó.

Li planteado por Morales fue puesto en duda por el rector de la Usac, Murphy Paiz, uno de los participantes en la reunión.

Los “números que dio el presidente son cuestionables”, indicó Paiz.

La reunión del Conadur se desarrollaba mientras centenares de estudiantes de la Usac llevaban a cabo, frente a la sede del Congreso, una manifestación contra la aprobación de un proyecto de ley que procura reformar la legislación vigente en materia de antejuicios.

Los antejuicios son los procedimientos mediante los cuales se determina si un presidente de la República u otro alto funcionario son privados de su inmunidad para someterse a una investigación judicial.

La reforma apunta a que los antejuicios contra magistrados judiciales o electorales, lo mismo que contra procuradores generales y de los Derechos Humanos, sean tramitados en el Congreso y no, como establece le legislación vigente, en la Corte Suprema de Justicia.

La decisión del CSU de la Usac fue adoptada seis días después de que la población de la occidental ciudad de Quetzaltenango declaró “non grato” a Morales, en ese caso, a causa de la decisión gubernamental de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y la posterior prohibición de que el jefe de la comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, quien se encuentra fuera del país, regrese a territorio guatemalteco.

Desde que asumió el cargo para el período 2016-2020, Morales ha mantenido una creciente confrontación con la Cicig, particularmente con Velásquez.

El presidente ordenó, el año pasado, la expulsión del comisionado, pero la decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.

La comisión, junto con el MP, inició investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado al mandatario lo mismo que a allegados.

El grupo de trabajo viene operando, desde 2006, mediante renovaciones periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vence en setiembre de 2019.

El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger-, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al MP, a la Policía Nacional Civil (PNC), y a otras entidades estatales guatemaltecas.

Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos

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