La empresa Corporación Académica Tecnológica C.R P.Z S.A. (CATEC) denunció públicamente una serie de irregularidades y presunto trato desigual en el proceso de licitación 2025LE-000014-0002100001, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Según la compañía, durante el análisis de las ofertas el INA habría aplicado criterios distintos entre los participantes, exigiendo a CATEC requisitos adicionales y negándole la posibilidad de corregir errores materiales menores como números telefónicos o correos electrónicos, mientras que a otros oferentes se les permitió modificar y complementar información sustancial incluso después de presentada la oferta.
El proyecto en disputa busca la apertura de cinco centros de acompañamiento empresarial en San José, Cartago, Heredia, San Carlos y Liberia, con el propósito de fortalecer a los pequeños emprendimientos y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Los fondos provienen del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y no requieren revisión previa de la Contraloría General de la República, lo que deja la fiscalización en manos de los propios órganos administrativos del INA. CATEC considera que esto ha permitido prácticas que se apartan de los principios de eficiencia y eficacia que deben regir la contratación pública.
De acuerdo con la denuncia, el estudio técnico elaborado por la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE) aplicó criterios más flexibles y permisivos hacia la empresa finalmente adjudicada, cuya oferta fue ¢345 millones más cara, mientras que con CATEC se adoptó una valoración más rigurosa y restrictiva, sin una justificación técnica clara.
Asimismo, la compañía aseguró que se validó la experiencia de profesionales de otros oferentes sin exigir prueba documental, mientras que su propia oferta fue descalificada por supuestas omisiones menores.
CATEC solicitó además la recusación de varios funcionarios involucrados en el proceso, alegando dudas sobre su objetividad e imparcialidad. No obstante, el contrato fue adjudicado a la empresa con el precio más elevado, lo que —según la denunciante contraviene los principios de eficiencia y uso racional de los recursos públicos.
La empresa estima que el sobreprecio derivado de la adjudicación asciende a ¢345 millones, lo que representa un incremento de entre 15% y 16% respecto a su propuesta económica. A su juicio, esta decisión afecta la capacidad del INA para ampliar programas de acompañamiento y capacitación empresarial dirigidos a comunidades vulnerables.
CATEC solicitó a la Junta Directiva del INA y a las autoridades competentes una revisión integral del proceso licitatorio, la anulación de la adjudicación actual y la reasignación del contrato en las partidas correspondientes, con el fin de garantizar un procedimiento transparente, equitativo y conforme a la ley.
