Aarón Chinchilla EP. | La Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios (CNIA) hizo un llamado a las autoridades de gobierno para que el Decreto en torno a la restricción de uso del glifosato y cualquier otro producto fitosanitario sea definido “conforme a criterios técnicos, más allá de supuestos y tendencias ideológicas”.
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Mediante un comunicado de prensa, la cámara señaló que una declaratoria de venta y uso restringido no es, ni puede ser arbitraria, sino que necesariamente debe tener una base científica derivada del perfil toxicológico y eco-toxicológico del producto.
En la misma línea, la CNIA consideró que “toda decisión que afecte la productividad agrícola y seguridad alimentaria de un país debe estar fundamentada en datos científicos” y no por aspectos “ideologizados”.
“Es de suma importancia que el Gobierno de la República tome medidas para proteger la salud de los agricultores y sus familias, pero restringir el acceso a tecnologías seguras como el glifosato, aumentaría la desventaja competitiva de los agricultores costarricenses”, resaltó Federico Lizano, presidente de la CNIA.
Por otra parte, la cámara señaló que “no se puede prohibir la comercialización del glifosato” en el país, puesto que el Artículo 29 de la Ley de Protección Fitosanitaria, por imperativo legal sólo pueden declararse de venta y uso restringido los plaguicidas clasificados en la categoría de mayor toxicidad identificados como son los de banda roja, mientras que el glifosato es un producto de banda verde (herbicida de bajo impacto para la salud humana).
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De acuerdo a la Cámara, el glifosato se emplea en Costa Rica en cultivos como café (85.000 has), arroz (60,000 has), caña (80.000 has), banano (45,000 has) y palma africana (85.000 has), para un total de 355.000 has y según los empresarios, a la fecha “no se dispone de otras alternativas viables para la sustitución de este producto“.
Según las organizaciones ambientalistas, en diversas fincas del país se han generado anomalías que han ocasionado enormes perdidas en cuestión ambiental.
Las principales denuncias de las organizaciones ecologistas son el uso inadecuado del glifosato que ha generado problemas en los cultivos y en la salud en los trabajadores de las fincas piñeras, además de la contaminación de fuentes de agua potable y suelos.
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