***Por Albino Vargas Barrantes.
Durante el transcurso del período constitucional, ejecutivo y legislativo, 2018-2022, se cometieron los más graves atentados a la Constitución Política de Costa Rica, también conocido como Carta Magna, desde que ésta entrara en vigencia, el 7 de noviembre de 1949. Es más, nosotros somos del criterio de que se dio un golpe parlamentario de Estado en ese período.
Estamos plenamente convencidos de que esto fue así y, por eso, con un sentido de responsabilidad histórica, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los respectivos instrumentos jurídicos que nos facilita, precisamente, esa Carta Magna, en contra de lo valoramos como las tres leyes golpistas más nefastas aprobadas en ese cuatrienio 2018-2022.
Estamos hablando de la Ley No. 9635, popularmente conocida como “combo fiscal” y cuyo nombre oficial es Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; de la 9808, la cual fue identificada por la gente trabajadora como “ley anti-huelgas”, aunque su nombre jurídico es Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos; y, finalmente, la No. 10159, Ley Marco de Empleo Público (LMEP), la cual fue calificada por nosotros como “perversa”.
Nuestro análisis sociopolítico y estructural de estas tres legislaciones, nos llevó a concluir -entre otras consideraciones de fondo-, que las 3 forman parte de un “todo único”, con una concatenación ideológica entre ellas partiendo de la premisa fundamental del todo mercado-nada Estado, al mejor estilo neoliberal.
Por eso, para nuestra comprensión del significado conjunto de las tres, las denominamos como la tríada de legislación fiscal neoliberal.
En estos momentos, las tres ya tienen sus respectivas acciones de inconstitucionalidad admitidas por la llamada Sala Cuarta, mismas que fueron elaboradas por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, con el apoyo de opiniones expertas de sólida credencial jurídico-constitucional.
En cada una de las circunstancias sociopolíticas y mediáticas que influyeron en cada uno de los procesos de tramitación parlamentaria de estas tres leyes, advertimos de los riesgos de contenido inconstitucional en cada caso. ¡No nos equivocamos!
Aunque la admisión de las correspondientes acciones de inconstitucionalidad en contra de esta tríada de legislación fiscal neoliberal, no garantiza el final que debe ser; lo real es que el más alto tribunal de la República, la Sala Constitucional, encontró una gran cantidad de elementos jurídicos formulados por la ANEP como para abrir el proceso respectivo en cada caso de control de constitucionalidad y, eventualmente, determinar cuáles articulados de esa tríada son contrarios a la Carta Magna costarricense.
Uno de los aspectos más relevantes de ese proceso jurídico interpuesto por ANEP en contra de esa tríada de legislación fiscal neoliberal, es que esas acciones de inconstitucionalidad fueron fortalecidas con un análisis acerca de las obligaciones-país que Costa Rica ha contraído con su adhesión plena a diversos tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.); lo cual fue malsanamente despreciado por las personas legisladoras durante la formulación y tramitación parlamentaria de cada una de esas leyes, tanto por una penosa (y hasta vergüenza ajena da), ignorancia; como por el odio de clase que se refleja en esa tríada de leyes anti-obreras.
Finalmente, esta tríada de legislación fiscal neoliberal fue producto de una combinación de factores sociopolíticos que jamás debemos olvidar; empezando por la más perversa campaña de odio de clase jamás vista en las últimas décadas, encabezada por varios latifundios mediáticos que practicaron, sin misericordia, un periodismo de odio en contra de la clase trabajadora asalariada del empleo público.
Y, por supuesto, junto a ello, la especie de coalición de gobierno que encabezó el muy desprestigiado ahora expresidente Carlos Alvarado Quesada, junto a los partidos Acción Ciudadana (hoy, prácticamente, extinto), Unidad (muy lejos hoy día del Humanismo Cristiano); y, el partido líder de la tríada, Liberación Nacional, una parte del cual anda con un mea culpa político que, sin embargo, no logra desplazar a los dueños ideológicos del PLN, precisamente, matriculados con ese neoliberalismo perverso.
*Vargas es Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
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