2. El problema es que desde el primer momento ha enfrentado el boicot y la oposición cerrada de los gobiernos de Arias y de Chinchilla, de sus fracciones parlamentarias y de otros diputados que ni siquiera se han dignado leerlo, igual que ha hecho el MINAET. Esta gente que está de hecho privatizando las costas y las playas del país, mediante las concesiones y otro tipo de permisos que otorgan corruptamente las municipalidades que controlan, se ha negado a escuchar a comunidades en las que viven decenas de miles de costarricenses, en su gran mayoría gente humilde y trabajadora, sencillamente porque el poder está hoy en Costa Rica al servicio de los grandes intereses nacionales y extranjeros.
3. Como todo proyecto está sometido a la crítica y a los aportes constructivos de grupos o de personas que planteen modificaciones concretas. Nadie pretende que el proyecto sea perfecto, y es muy probable que deje abiertos todavía portillos que de ser así habría que cerrarlos, para que personas e intereses inescrupulosos no se aprovechen del mismo. De hecho se le han venido introduciendo muchas reformas, yo mismo no conozco hoy al detalle cuál es su versión actual porque lamentablemente no he podido darle el seguimiento que quisiera, por razones que no vienen ahora al caso.
4. El tema de fondo es que lo quieren enterrar sin estudiarlo y discutirlo, así fue durante la administración Arias y así sigue siendo en la administración Chinchilla. Mientras tanto, se siguen produciendo desalojos violentos de pobladores de territorios costeros, muchos de los cuáles dejaron su ombligo ahí. Cuando eso ha sucedido no hemos visto a la mayoría de los que hoy se rasgan las vestiduras, decir absolutamente nada, mientras avanza la construcción de megaproyectos turísticos casi totalmente del gran capital extranjero y se les otorga, ahí sí, todas las concesiones y permisos que necesitan, aunque sea a menudo con destrucción del medio ambiente y con la sobreexplotación de la mano de obra nacional.
5. No hablo a nombre del movimiento que agrupa a esas comunidades costeras, pero a título personal podría garantizar que está totalmente abierto a escuchar todas las opiniones y a introducirle al proyecto aquellas reformas que sean necesarias para evitar los abusos. Igual actitud tendría con total seguridad la fracción parlamentaria del Frente Amplio, conociendo la trayectoria absolutamente limpia y comprometida con los derechos humanos, naturaleza incluida, del joven diputado José María Villalta.
