Por: Yorgina Alvarado
Secretaria general del SEC
La democracia no se decreta: se construye día a día en las aulas, con quienes educan, por lo que una de las formas de protegerla se basa en la organización sindical de las personas trabajadoras de este sector y la defensa colectiva del derecho a la educación.
El movimiento sindical costarricense ha contribuido a la consolidación de una conciencia crítica en la clase trabajadora. Su participación en las luchas sociales que acompañaron las reformas de los años cuarenta, junto con el protagonismo de diversos sectores del magisterio, forma parte de una historia en la que la organización colectiva fue fundamental para ampliar derechos y fortalecer la justicia social. Figuras como Carlos Luis Fallas, Carmen Lyra y Ema Gamboa, desde sus distintos ámbitos de acción, dejaron huella en la educación, la cultura y el pensamiento social costarricense.
Aquellas luchas, convulsas y marcadas por las tensiones de su época, contribuyeron a abrir caminos hacia el reconocimiento de derechos y la consolidación de garantías sociales. Nos legaron una enseñanza fundamental: los derechos no se sostienen por inercia; requieren ciudadanía activa, organización y una vigilancia permanente frente a cualquier intento de debilitarlos.
Sin embargo, las conquistas democráticas no son irreversibles. Las instituciones pueden conservar sus nombres, sus estatutos y sus procedimientos, mientras se debilitan las prácticas que les dan sentido. El autoritarismo no siempre aparece mediante una ruptura abierta del orden institucional. En ocasiones, avanza silenciosamente, cuando el poder se concentra, los controles pierden eficacia, la crítica se interpreta como una amenaza y la participación se convierte en una formalidad sin consecuencias reales.
Por tanto, la perpetuidad en el poder constituye una amenaza para la democracia cuando la permanencia de los liderazgos deja de depender de la voluntad libre de las personas afiliadas y comienza a sostenerse mediante mecanismos que dificultan la alternancia, restringen la competencia o debilitan los controles institucionales. El problema no es la experiencia acumulada por una dirigencia ni su derecho a aspirar legítimamente a continuar. El problema surge cuando las reglas dejan de garantizar condiciones equitativas para que otras personas puedan participar, competir y representar alternativas.
En ese escenario, el riesgo de captura institucional se vuelve evidente. Los órganos que deberían actuar con independencia, imparcialidad y apego a las normas pueden perder credibilidad cuando sus decisiones generan dudas sobre la igualdad de trato o cuando los procedimientos se convierten en obstáculos para la participación en un proceso electoral. Una institución comienza a alejarse de su propósito colectivo cuando sus mecanismos se perciben como instrumentos para preservar el control, en lugar de garantías para proteger los derechos de todas las personas.
Existe otro peligro, menos visible y no por ello menos importante: la desidia frente a los mecanismos democráticos. La indiferencia, el silencio y la normalización de las irregularidades pueden terminar favoreciendo aquello que, en principio, nadie estaría dispuesto a defender abiertamente. Cuando una organización deja de cuestionar las decisiones de sus dirigentes, cuando se renuncia a exigir explicaciones y cuando la participación se reduce a aceptar lo establecido, el poder encuentra un terreno fértil para perpetuarse.
Esta reflexión adquiere una dimensión particular en el ámbito educativo. Desde las aulas enseñamos que la democracia implica respeto por las diferencias, libertad de pensamiento, participación, transparencia y responsabilidad. Promovemos el diálogo, la elección de representantes y la resolución pacífica de los conflictos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las personas educadoras encuentran dificultades para ejercer esos mismos principios en las organizaciones que defienden sus derechos?
La contradicción es profunda. La escuela que aspira a formar ciudadanía crítica no puede permanecer ajena a las prácticas democráticas de las instituciones en las que participa su personal docente. El Gobierno Estudiantil corre el riesgo de convertirse en un ejercicio meramente simbólico si quienes enseñan la importancia de elegir libremente no encuentran garantías suficientes para ejercer ese derecho en sus propios espacios de representación.
Hoy, esta discusión cobra especial relevancia ante la controversia que rodea el proceso electoral nacional del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). Después de veinte años sin una contienda electoral nacional entre alternativas competidoras, la posibilidad de renovar la representación sindical abrió expectativas de participación para candidaturas que aspiraban a presentar una opción diferente. No obstante, las decisiones y actuaciones institucionales cuestionadas por integrantes de esa alternativa, incluidos procedimientos disciplinarios y medidas relacionadas con el proceso electoral, han desembocado en un escenario de incertidumbre sobre las condiciones para ejercer el derecho a elegir y ser electos.
Las denuncias de irregularidades y los cuestionamientos a esos procedimientos deben examinarse con rigor, a partir de las normas aplicables, las pruebas y las resoluciones correspondientes. Precisamente por la relevancia de lo que está en juego, resulta indispensable que cada decisión esté debidamente fundamentada, que se respete el derecho de defensa y que las instancias competentes actúen con imparcialidad. La legitimidad de una organización sindical no se protege silenciando las controversias, sino resolviéndolas mediante procedimientos transparentes, verificables y respetuosos de los derechos de todas las partes.
Lo que está en discusión, por tanto, trasciende los nombres de las personas involucradas o las diferencias entre tendencias. Se trata de determinar si las reglas democráticas ofrecen garantías efectivas para todas las personas afiliadas o si existen condiciones que pueden limitar la competencia y dificultar la alternancia. Cuando la participación queda comprometida, no solo se afecta a quienes aspiran a ocupar cargos: se debilita la confianza de toda la afiliación en su organización.
Ninguna trayectoria dirigencial, por extensa que sea, puede situarse por encima de los principios que justifican la existencia de una organización colectiva. Tampoco la estabilidad institucional debe confundirse con la inmovilidad de sus liderazgos. La experiencia es valiosa cuando se pone al servicio de la organización; se vuelve problemática cuando se utiliza para cerrar espacios, desalentar la crítica o impedir que nuevas voces encuentren condiciones reales de participación ante el urgente cambio intergeneracional que se requiere para atender los nuevos desafíos.
La democracia sindical requiere mucho más que convocar elecciones. Exige reglas claras, órganos imparciales, información accesible, respeto por el debido proceso y garantías para que las distintas opciones puedan competir sin privilegios ni exclusiones arbitrarias. También exige que las personas afiliadas se involucren, cuestionen, soliciten rendición de cuentas y comprendan que la defensa de sus derechos no puede delegarse por completo en quienes ejercen el poder.
Por eso, frente a la posibilidad de que los mecanismos institucionales sean utilizados para restringir la participación, la respuesta debe ser más democracia, no menos; más transparencia, no opacidad; más controles, no concentración del poder. La defensa de estos principios no requiere anticipar culpabilidades ni desconocer los procedimientos legales. Requiere exigir que las reglas se apliquen de manera consistente y que ninguna persona o grupo quede al margen de las garantías que la propia organización reconoce.
En democracia se puede ganar o perder una elección. Lo que no debería ponerse en juego es la posibilidad misma de competir en condiciones justas, conocer las reglas y confiar en que la voluntad colectiva será respetada. La alternancia no es una obligación de sustituir dirigentes por el simple paso del tiempo; es la garantía de que ninguna dirigencia pueda apropiarse de manera indefinida de la representación de quienes integran una organización.
Si enseñamos a las nuevas generaciones que el poder debe tener límites, que la autoridad debe rendir cuentas y que la participación ciudadana es indispensable para preservar las libertades, tenemos también la responsabilidad de defender esos principios en nuestras propias instituciones.
La pregunta que debemos hacernos no es cuánto tiempo puede permanecer una persona en un cargo, sino qué sucede cuando el poder deja de aceptar controles, cuando la crítica se convierte en motivo de exclusión y cuando la indiferencia colectiva permite que las reglas democráticas pierdan su eficacia.
La democracia no muere únicamente cuando se prohíbe elegir. También se debilita cuando se vacía de contenido el derecho a hacerlo, cuando se normaliza la exclusión y cuando quienes deberían defenderla dejan de exigir que se respete. Ninguna organización que aspire a representar al magisterio puede permitirse olvidar esta verdad: el poder pertenece a la colectividad, y la dirigencia tiene el deber de ejercerlo, no de apropiárselo como parte de su patrimonio personal.
