Redacción. – Los diputados Leslye Bojorges León (PUSC) y Rosaura Méndez Gamboa (PLN) figuran entre los legisladores que contactaron de forma directa a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón Fernández, para realizar consultas relacionadas con pólizas de seguro, según consta en documentación oficial divulgada por la propia jerarca.
La información se desprende de un oficio remitido por Chacón a la Asamblea Legislativa, en el que confirma que ambos congresistas la buscaron personalmente, en lugar de canalizar sus gestiones por los mecanismos regulares de atención al cliente que dispone la institución.
En el caso de Leslye Bojorges, habría colisionado contra un motociclista y posteriormente, llamó a Chacón para averiguar el tema de pólizas. El funcionario del INS fue destituido por negarse a tramitar la solicitud.
Posteriormente, la situación tomó mayor notoriedad pública luego de que trascendiera que el diputado sostuvo un almuerzo con la presidenta del INS, en medio de la polémica por estas gestiones. Hasta el momento, el rojiazul, afin al chavismo,
Por su parte, Rosaura Méndez, diputada liberacionista, también aparece mencionada en el documento oficial como una de las personas que realizó consultas directamente a la jerarca del INS
Sobre el particular, no hay mayores referencias de la consulta ni tampoco la legisladora se ha pronunciado sobre el tema.
La presidenta ejecutiva del INS ha señalado que, si bien los diputados son ciudadanos con derecho a realizar consultas, las solicitudes relacionadas con pólizas deben tramitarse por las vías institucionales correspondientes, y recordó que la información de los clientes se encuentra protegida por normas de confidencialidad, razón por la cual no detalló el contenido específico de las consultas.
¿Tráfico de Influencias?
La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública — Ley N.º 8422 (vigente en Costa Rica) tipifica el delito de tráfico de influencias en su artículo 52:
“Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público […], para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.”
La norma agrega que también será sancionado quien utilice u ofrezca esa influencia, y que la pena puede aumentarse si la influencia proviene de altos cargos o líderes políticos importantes.
Ambos diputados contactaron directamente a la presidenta ejecutiva del INS para hacer gestiones relacionadas con pólizas de seguro. En teoría, esto podría ser considerado uso de su posición como legisladores para influir en un servidor público (la jerarca del INS), en un asunto que no necesariamente requería intervención directa de la dirección institucional, sino que podía tramitarse por la vía ordinaria.
En este momento no hay evidencia pública de que se haya producido un beneficio indebido concreto, ni de que la presidenta del INS haya modificado una decisión formal por esa gestión.
