Allan Madriz | EP. La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia y Paz emitir en un plazo de 15 días un protocolo para atender una eventual propagación masiva del COVID-19 en el sistema penitenciario.
Los magistrados declararon parcialmente con lugar un “habeas corpus” presentado a favor de una persona privada de libertad, quien, debido a una condición especial de salud, presenta una mayor vulnerabilidad ante el coronavirus.
El Tribunal determinó que debido a que no existe este protocolo, lesiona el artículo 21 de la Constitución Política (“La vida huma es inviolable”) pues no se garantiza la atención a la salud de las personas privadas de libertad.
“… en el plazo máximo de 15 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, emitan un PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE PROPAGACIÓN MASIVA DEL COVID-19 DENTRO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, de conformidad con lo establecido en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para prisiones y centros de detención y demás requisitos establecidos en el Considerando Noveno de la presente resolución, y remitirlo a esta Sala al vencimiento del plazo”, señala el por tanto.
Por lo cual, el protocolo a realizar por Justicia y Paz debe considerar:
- La capacidad de camas en las clínicas de los centros penales, o en los espacios dispuestos para tales efectos, para atender privados de libertad que figuran como casos sospechosos o casos positivos del COVID-19.
- La capacidad de atención de pacientes en dichas clínicas o en los espacios dispuestos para tales efectos.
- En caso de ser necesario, construcción de infraestructura, implementación de hospitales campaña, o cualquier otra necesidad estructural para generar nuevos espacios de aislamiento y tratamiento de casos sospechosos, positivos y contagios masivos.
- Materiales de protección y desinfección como mascarillas, guantes, respiradores, medicamentos, personal de enfermería y personal médico profesional.
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