Allan Madriz | EP. La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, garantizó que el 100% de la población privada de libertad con brazalete electrónico está bajo seguimiento técnico por parte de profesionales en trabajo social y psicología, así como por la Policía Penitenciaria, “a pesar de las fallas y la limitación de la plataforma tecnológica, que hemos denunciado en múltiples ocasiones”.
“Es absolutamente falso que haya personas perdidas en monitoreo electrónico. La afirmación es temeraria e irresponsable por parte de una empresa que solo brinda el soporte tecnológico. La ESPH en su rol de proveedor de un servicio no está en capacidad de saber el seguimiento que se le da a esta población ni de medir la efectividad que tenemos los actores involucrados en el sistema de justicia”, indicó González.
Justicia y Paz aseguró que desde 2017 ha remitido a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) más de 60 comunicados para advertir fallas en el sistema de monitoreo electrónico que debían ser corregidas por la ESPH como proveedor tecnológico. Por ese motivo, la información relativa a las fallas de la plataforma tecnológica fue enviada por autoridades del Ministerio a la Contraloría General de la República.
“Nos llama poderosamente la atención que las aseveraciones tendenciosas y los ataques infundados por parte de la ESPH se den cuando estamos a las puertas de abrir un nuevo concurso para la contratación del proveedor que brindará este servicio a partir del 2021. Reafirmo mi compromiso para que ese proceso de contratación se realice en el más estricto apego a la normativa nacional y atendiendo los principios de probidad y neutralidad”, añadió la jerarca de Justicia.
El Ministerio enfatizó en que la labor de monitoreo y seguimiento no solo se da a partir de lo que alerta la solución tecnológica, sino que además media un seguimiento permanente de la Policía Penitenciaria “in situ”, así como coordinaciones con otros cuerpos policiales.
Asimismo, denunciaron que la ESPH solicitó tener una participación en el proceso de visita a las personas monitoreadas, lo cual Justicia y Paz considera que no procede, por no tener competencia legal, violenta el resguardo de los datos y la seguridad.
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