Aarón Chinchilla EP. | Posterior a que la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) afirmara que el Expediente N°21.415 irrespeta el sigilo sacramental,el derecho canónico y que es “un peligro para la libertad religiosa de los católicos”, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, aseguró que el proyecto “no es anti iglesia”, sin embargo, en un Estado de Derecho, “la protección de los menores de edad está por encima de cualquier práctica y dogma religioso”, además que “por encima de cualquier derecho canónico o normativa religiosa, se encuentra debajo del Estado de Derecho del país”.
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En declaraciones a ElPeriodicocr, el legislador consideró que enfocarse si es un proyecto “anti iglesia” o si es un tema de derecho de confesión es “desviar un tema en el que todos los sectores de la sociedad, incluída la iglesia, pueden aportar”.
Todos pueden aportar siempre recurriendo a las autoridades denunciando siempre que se detecte un caso de agresión en una persona menor de edad.
En la misma línea, Sánchez manifestó que catalogar al proyecto como “persecución a la Iglesia Católica, es una forma maniquea de desviar el tema”, ya que el interés superior de un menor de edad en un Estado de Derecho, con base en la Convención de los Niños y las Niñas, está siempre por encima de cualquier dogma y práctica religiosa.
Eso es un principio. Como segundo punto, el derecho canónico, que únicamente compete a los miembros del clero, no puede estar por encima del Estado de Derecho del país (…) En el país, hay un problema grave de agresión y violencia contra personas menores de edad. Es más grave de lo que nos atrevemos a aceptar. Acabamos de ver a dos niños fallecer y el año pasado hubo más de 8500 denuncias por violencia contra menores. Es un problema grave y el Estado falló y está fallando a los menores. El Estado somos todos y si no creamos la normativa que permita que todas las personas, desde un equipo de fútbol hasta la Iglesia Católica, tenga las condiciones y herramientas para denunciar cuando detecten una agresión.
Consultado si se estaría violentando el sigilo sacramental, el legislador aseveró que existen más formas por las cuales, una autoridad religiosa puede enterarse de presuntos casos de abuso, agresión y violación de menores.
No solo a través del derecho de confesión un sacerdote o un catequista se pueden enterar que un niño está siendo agredido. Si miran que un menor llega cada sábado golpeado al catecismo o que una persona violentada se desahogue con el sacerdote o que sepan que en algún centro religioso sucede algo; Incluso que alguien llegue y les presente una denuncia, como ha ocurrido en muchos casos de abuso sexual. Lo que queremos es que, en esa gran gama de casos en los que un sacerdote o estas personas se enteren de un caso de agresión a un menor, asuma la responsabilidad de denunciar al Ministerio Público. Ellos dicen que hay pocos casos que se revelan a través del derecho de confesión y que en no se conocen las identidades de las personas. ¡Claramente! ¡Si no se conoce la identidad de la persona, no pueden denunciarlo! Pero pueden haber otras situaciones que pueden denunciarlo.
Por otra parte, Sánchez considera que el proyecto tiene rango de autoridad para organizaciones juveniles, deportivas, culturales y religiosas y no surge de los casos de presunto abuso sexual del prófugo exsacerdote Mauricio Víquez.
(En el proyecto) está el entrenador de fútbol, como la maestra de danza como un sacerdote o un catequista que se entere o tenga indicios de que un menor de edad está siendo agredido o abusado. Ahí es dónde se establece el deber de denunciar (…) (El Proyecto) no surge con esos casos y no tiene nada que ver con la Iglesia. Tiene que ver con la preocupación que hemos compartido con el Hospital Nacional de Niños (HNN) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre el aumento de agresiones a menores de edad. El HNN, todos los años, nos alerta sobre aumentos significativos de niños agredidos. De 2004 a 2017, los casos aumentaron en un 74%. Algo no estamos haciendo y estamos dejando a la niñez desprotegida. No tiene nada que ver con la Iglesia. La Iglesia es solo un actor más donde van niños y niñas, al igual que las escuelas, centros de salud (…) Es un lugar más donde van menores y tiene que asumir una responsabilidad en su protección.
La redacción actual del artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece esa obligación solo a autoridades y personal de instituciones educativas o centros de salud públicos y privados.
El legislador oficialista propone que el alcance de la norma se extienda a asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativo, deportivo, religioso o de otra índole.
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