El Plenario Legislativo aprobó el expediente 25.311, el cual adiciona el inciso i) al artículo 79 de la Ley General de Policía para crear una póliza que cubra los gastos legales de los funcionarios policiales acusados penalmente por actos propios del ejercicio de su cargo.
El nuevo beneficio protegerá únicamente a los oficiales que ejecuten sus labores conforme a las instrucciones, los protocolos o los procedimientos institucionales vigentes al momento de los hechos. Por el contrario, la normativa excluye de forma expresa los hechos derivados de decisiones administrativas, los actos realizados con dolo o culpa grave y cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos.
Durante la sesión, legisladores de diversas bancadas se pronunciaron sobre el alcance de la reforma. El Estado suscribirá esta póliza para cubrir la responsabilidad patrimonial en vía contencioso-administrativa, civil o penal, así como los gastos de representación legal cuando los trabajadores de la Fuerza Pública enfrenten demandas o causas penales derivadas del ejercicio directo de sus funciones o labores conexas.
“Es una reivindicación que han hecho las personas trabajadoras de la Fuerza Pública de contar con esta protección, contar con este mecanismo de apoyo, sobre todo aquellos que están en la primera línea de fuego”, afirmó José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio. Asimismo, el legislador destacó que los oficiales corren riesgos constantes para su vida y sufren agresiones directas en su lucha actual contra el crimen organizado.
En esa misma línea, el oficialismo resaltó la urgencia de brindar mayor seguridad jurídica a quienes protegen a la ciudadanía. “Esta era una deuda, una deuda de toda la vida que se tenía con los oficiales de policía”, manifestó Kattia Calvo Cruz, diputada de la fracción Pueblo Soberano.
Por otra parte, la legisladora recordó que el Poder Ejecutivo impulsó y apoyó esta iniciativa tanto en la administración de Rodrigo Chaves como en la gestión actual, pese a la resistencia de sectores que atribuían esa defensa legal a la Procuraduría General de la República. No obstante, advirtió que dicha obligación estatal existía solo en el papel.
“Yo ejercí como oficial de policía durante 13 años y nunca, nunca, ni una sola vez en 13 años, un abogado de la Procuraduría llevó la defensa de ninguno de los compañeros de los cuerpos policiales”, aseguró Kattia Calvo Cruz, diputada de la fracción Pueblo Soberano.
