George Rodríguez EP. La delegación opositora en la negociación para procurar solución a la violenta crisis sociopolítica de Nicaragua denunciaron, este lunes, ante los dos testigo internacionales de las conversaciones, el incumplimiento gubernamental de los acuerdos firmados en el marco de las conversaciones bipartitas.
El incumplimiento se materializó en la represión policial y parapolicial lanzada el 30 de marzo, contra manifestantes opositores pacíficos, en Managua, la capital nacional, y otras ciudades, indicó, en carta a ambos testigos, la representación de la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en las negociaciones.
Se trata, específicamente, de la Agenda de Negociación, aprobada el 20 de marzo por las representaciones, respectivamente, del régimen presidido por Daniel Ortega, y de la ACJD, incluyó, en su primer punto, el Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías, cuyo sétimo ítem se refiere a Derechos Políticos.
Ese ítem plantea, entre otros aspectos, “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento con la Constitución y las Leyes de la materia”, derecho cuyo ejercicio, cumplidos los requisitos de ley, será autorizado por la Policía Nacional, también “se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”, y “se reconoce plenamente el derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional, de acuerdo a la Constitución y la ley de la materia”.
La alianza denunció que, contraviniendo esos puntos de acuerdo, el gobierno, a través de la Policía Nacional y grupos parapoliciales, reprimió a grupos de opositores quienes, principalmente en centros comerciales, llevaron a cabo, en Managua y otras ciudades, principalmente en centros comerciales, una variante de protesta denominada “Sentada Nacional”.
Al exponer su preocupación por esos incidentes violentos, los seis negociadores por la ACJD indicaron, en la carta, que, “en atención a la gravedad de los hechos expuestos, enunciamos ante Ustedes en sus calidades de Testigos y Acompañantes Internacionales, el incumplimiento del Estado de Nicaragua a la firma de los acuerdos antes citados”.
Asimismo, plantearon a ambos testigos y acompañantes –respectivamente, Waldemar Stanislaw Sommertag, representante del Vaticano, y Luis Ángel Rosadilla, representante de la Secretaría General (SG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- que hagan que la parte gubernamental cumpla los compromisos asumidos por sus negociadores.
En este sentido, indicaron que “solicitamos hacer uso de su rol en esta Mesa de Negociación para que el Estado de Nicaragua, sus Poderes e Instituciones, cumplan sus compromisos asumidos en dicha mesa y den muestras concretas de su voluntad para encontrar una solución pacífica y democrática a la actual crisis sociopolítica”.
Inicialmente programado para finalizar el 28 de marzo, el proceso de negociación bipartito se extenderá, por acuerdo de ambas partes, hasta el 3 de abril.
Las presentes deliberaciones gobierno-ACJD iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la dramática situación nicaragüense.
Las primeras conversaciones, entre el gobierno y una considerablemente más amplia representación opositora, fueron inicialmente promovidas por el régimen de Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril –hace casi un año-, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
