Allan Madriz| EP. La Sala Constitucional acogió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los rectores de las universidades públicas, en contra del recorte de ₡10 mil millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El recorte se realizó en la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, tras aprobar una moción del diputado, ahora independiente, Jonathan Prendas, con la intención de redireccionar esos recursos a la amortización de la deuda pública, debido a la crisis fiscal que atraviesa el país.
Ante esto, el pasado 22 de enero, los rectores de las universidades presentaron el recurso, argumentando que dicho recorte al FEES violenta el artículo 85 de la Constitución Política que dota de patrimonio y rentas propias a las universidades públicas.
La petitoria presentada por los rectores, señala una “intervención indebida del Poder Legislativo” en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 al Poder Ejecutivo, que mediante acuerdo con las instituciones de educación superior universitaria estatal suscrito en julio de 2018, determinaron la asignación constitucional para el FEES correspondiente al año 2019.
“Esto representa un importante primer paso en la defensa de los recursos de la educación superior pública y por hacer valer lo que nuestros constituyentes plasmaron en la Carta Magna, precisamente, para proteger los recursos de la educación de intereses políticos”, indicó Henning Jensen, rector de la UCR y presidente de la Comisión Nacional de Rectores.
El monto del FEES para el año 2019, definido por la Comisión de Enlace se fijó en ₡511.154,72 millones, monto que corresponde al mismo presupuesto asignado en el año 2018, pero que integra el 3% de inflación estimada para el año 2019, por parte del Banco Central.
Durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto ordinario del gobierno, por parte de la Asamblea Legislativa, las y los diputados aprobaron un rebajo de ₡10 mil millones a la asignación del monto del FEES.
Ahora los magistrados de la Sala deberán analizar por el fondo la acción de inconstitucionalidad presentada por las universidades públicas, para posteriormente pronunciarse sobre el caso.
