George Rodríguez EP. La Iglesia católica de Nicaragua no sufre por ser blanco de calumnias sino por las personas asesinadas y las injustamente detenidas en el marco de la violenta crisis sociopolítica que golpea al país, aseguró el obispo Silvio Báez.
Los sacerdotes rezan por las víctimas de la represión gubernamental, aseguró Báez, en un mensaje en la red social Twitter, luego del mensaje que el presidente formuló el jueves en Managua, la capital nicaragüense, en el acto conmemorativo central del 39 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que derrocó en 1979 a la dictadura del general Anastasio Somoza Debayle.
Por su parte, el Obispo Abelardo Mata plantea que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se ha vuelto una bestia y, mediante el odio, ha convertido a sus en fanáticos irracionales y, como tales, en instrumentos de la violencia antiopositora.
Asimismo, el escritor y ex vicepresidente nicaragüense (1985-1990) Sergio Ramírez, considera que es necesario e inevitable que Ortega abandone la presidencia, lo que debe lograrse sin violencia y mediante negociación complementada con presión internacional.
“La Iglesia no sufre por ser calumniada, agredida y perseguida, Sufre por quienes han sido asesinados, por las familias que lloran, por los detenidos injustamente y por quienes huyen de la represión”, escribió Báez, obispo auxiliar de Managua y firme crítico de Ortega, luego de que, en el acto conmemorativo, el mandatario calificase de golpistas a los integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
El religioso aseguró, además, que los sacerdotes católicos acompañan a quienes son objeto de represión.
“Rezamos y estaremos a su lado siempre en nombre de Jesús”, expresó.
Entretanto, en declaraciones publicadas este viernes, Mata –quien el 14 de julio fue blanco de un atentado a balazos, del que salió ileso-, aseguró que el presidente inculca odio en sus simpatizantes.
La violencia que Ortega lanza contra quienes se le oponen es “fruto de una obcecación de la mente y corazón: el hombre se ha vuelto como una bestia. Eso no es humano sino fruto del dominio de las tinieblas sobre los hijos de la luz: el maligno anda suelto empujando su misterio de iniquidad”, denunció Mata, obispo de Estelí, en el norte nicaragüense.
El gobierno manipula a personas de escasos recursos, explotando su condición socioeconómica para lograr apoyo incondicional, planteó el líder religioso, en declaraciones al diario matutino nicaragüense La Prensa.
“El odio que han inculcado en el corazón de tanta pobre gente que le explotan su pobreza hace que estas personas se vuelvan irracionales y fanáticas”, precisó.
Al señalar al gobernante como un promotor de terrorismo y cuestionar las legalidad de su mandato, Mata lo responsabilizó por los centenares de víctimas fatales de la represión.
“Ortega promueve terrorismo de Estado”, denunció, para agregar que “todo va a la cuenta de quien, pudiendo frenar este frenesí de sangre y de muerte, no lo hace; antes bien, justifica sus acciones inhumanas. Todas las muertes, toda la sangre derramada, va sobre la cabeza de quien ilegalmente -porque contra el derecho de todos los nicaragüenses, alegando derechos humanos conculcados, se corrigió espuriamente leyes constitucionales- subió al poder, robándose las elecciones”.
En opinión de Ramírez, la negociación debe ser la vía para que el mandatario abandone el poder, salida que, si bien constituye un deseo generalizado en Nicaragua, no es factible en lo inmediato y requiere la complementación de presión tanto local como externa.
“La salida de Ortega tiene que ser negociada, no puede ser de otra manera. La fuerza no es negociada, significa la guerra civil, es lo que yo menos quiero (…) hay gente que dice que se vaya Ortega mañana mismo. Yo también lo digo, pero las condiciones para lograr ese deseo no existen”, de modo que “se necesita una negociación que es una combinación de presión cívica nacional y de presión internacional”, indicó el ex vicepresidente.
La crisis que convulsiona a Nicaragua estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del estatal Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
La derogación del cuestionado decreto, días después, no calmó sino que intensificó la masiva protesta popular antigubernamental, enfocada ahora en apoyar la exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien de inmediato a sus respectivos cargos.
Lejos de acceder a la demanda, la administración Ortega-Murillo optó por intensificar la represión, ejecutada por fuerzas policiales -principalmente antidisturbios- y parapoliciales, así como simpatizantes gubernamentales fuertemente armados, lo que ha cobrado la vida de por lo menos 300 personas, además de generar más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, y causar cuantiosos daños a la economía nacional.
