La Unidad Especializada contra el Cibercrimen del Ministerio Público tramita una denuncia por difusión de información falsa contra el aspirante a diputado del PPSD, Douglas Caamaño Quirós.
El delito denunciado está tipificado en el artículo 236 del Código Penal y sanciona con penas de hasta seis años de prisión “la propagación de hechos falsos por medios digitales que tengan capacidad de dañar el sistema financiero o la confianza de sus usuarios”, explicó Sergio Castillo, abogado que preparó la argumentación jurídica del caso.
En el caso de Caamaño, quien ha sido investigado en el pasado por utilizar ardides en contra de funcionarios públicos, políticos e instituciones públicas (de hecho fue despedido de Recope en 2005 por problemas
El experto detalló que la denuncia, presentada este 24 de julio, se basa en la afectación provocada por publicaciones de información falsa, sin prueba alguna, difundidas en la red social Facebook entre el 12 y el 27 de junio de 2025.
Según explicó el abogado, los múltiples escritos divulgados en las redes sociales vinculadas al denunciado, intentaron relacionar al empresario Óscar Alfaro Zamora y a su empresa Transporte Inteligente de Guanacaste S.A. (TIG), con hechos ilícitos de suma gravedad, simplemente mediante la publicación de falsedades, sin sustento, y con el único ánimo de lesionar la reputación de los afectados, provocar un daño financiero y minar la confianza de los usuarios de los servicios que brinda la empresa.
“Esta denuncia busca sentar un precedente claro. La libertad de expresión no puede amparar la difusión deliberada de noticias falsas con capacidad de dañar a personas, empresas e incluso al sistema financiero del país y la prestación de un servicio público”, indicó Castillo.
La denuncia detalla que Caamaño utilizó un perfil de Facebook registrado con su nombre que administra la cuenta desde la cual se difundieron varios de los mensajes con la información falsa. Además se usaron páginas como 24/7 CrNoticias, Noticias Trivisión y Todo en Nicoya, entre otras, por medio de las cuales el denunciado viralizó sus mensajes maliciosos y cargados de mentiras.
El jurista destacó que la empresa TIG “ha realizado cuantiosas inversiones en el transporte público nacional y cumple un rol estratégico para las comunidades que conecta, por lo que afectarla con falsedades, evidentemente pone en riesgo la confianza del sistema que la respalda”, Para Castillo, estas publicaciones y su efecto, constituyen un delito de acción pública pues se trata de una violación al artículo 236 del Código Penal y configuran uno de los tipos penales incorporadas en las últimas reformas destinadas a luchar contra el abuso en la utilización indiscriminada de los medios digitales y redes sociales en Costa Rica.
