Allan Madriz | ElPeriodicocr.com
Un grupo de 26 legisladores rechazó la moción de reiteración que pretendía eliminar del proyecto de Empleo Público el “derecho de objeción de conciencia”, que les permitiría a los funcionarios públicos oponerse a recibir capacitaciones que vayan en contra de sus convicciones religiosas, morales y éticas.
Trabajadores podrían oponerse a formación que atente contra sus convicciones religiosas
El término de “objeción de conciencia” había sido avalado por mayoría de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se dictaminó afirmativamente el proyecto, después de ser sugerida por el grupo de legisladores afines a Nueva República y presentada por el independiente Jonathan Prendas.
“Los servidores públicos podrán informar a la administración por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de consciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras”, indicaba la moción inicial de Prendas.
Sin embargo, la oficialista Paola Vega, trató este miércoles, en el Plenario Legislativo, que el término fuera desechado del texto final de Empleo Público, pero su moción de reiteración sumó 26 votos en contra y solo 18 a favor, por lo que fue rechazada.
De los 26 votos en contra, se sumaron 3 del PAC, 6 del PLN, 5 de Restauración Nacional, 3 del PUSC, 1 del PRSC y 8 diputados independientes.
