George Rodríguez EP. Si el régimen del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, optase por detener al autoproclamado presidente interino del país, diputado opositor Juan Guaidó, la acción constituiría un golpe de Estado, advirtió Fabiana Rosales, esposa del legislador.
“Juan es el presidente de la República”, de modo que, “si se llega a detener, sería un golpe de Estado, directo”, advirtió Rosales, en declaraciones telefónicas que formuló, el martes, desde la sudoriental ciudad estadounidense de Miami, a la radioemisora colombiana La FM.
Rosales, quien cumple una gira por Estados Unidos, fue entrevistada por La FM, poco después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela autorizó, este martes, mediante Decreto Constituyente, enjuiciar a Guaidó, quien preside la Asamblea Nacional (AN) –parlamento unicameral- del caribeño país sudamericano.
No obstante la expectativa que la medida de la ANC ha generado en cuanto a la eventual detención del opositor, su esposa aseguró que no lo imagina detenido.
“Nosotros, hemos hablado de todos los escenarios”, pero, “en mi mente, no esta ver, a Juan, detenido (…) yo veo, al presidente, libre”, ello, sin perjuicio de que “la ola de represión y persecución aumentó, en las últimas semanas, a niveles catastróficos”.
En tal contexto, los venezolanos se mantienen en la ruta de lograr libertad y democracia, aseguró.
Por lo tanto, la represión del régimen madurista “no va a detener la lucha del venezolano, todo lo contrario, nos impulsa más a seguir adelante, a no dejar que esto nos detenga, a seguir en nuestra ruta, en nuestra lucha, y por nuestro objetivo final, que es la libertad y la democracia”, advirtió, para agregar que “nosotros continuaremos defendiendo la libertad, la democracia, cuidando a nuestro presidente”.
Rosales reafirmó, en las declaraciones a La FM, conceptos formulados la noche del martes, por Guaidó, luego de conocida la decisión de la ANC.
“Quiero saber quién de las Fuerzas Armadas, o de los cuerpos de seguridad, se va a prestar para secuestrar al presidente de la República”, dijo Guaidó, en desafiantes declaraciones a periodistas y simpatizantes, y agregó que, “si el régimen se atreve a secuestrarme, y dar un golpe de Estado, vamos a actuar con contundencia”.
La medida, apoyada en el artículo 200 de la Constitución venezolana –referido a la inmunidad parlamentaria-, está contenida en el único artículo resolutivo del decreto aprobado por la ANC, y leído por el president del organismo constituyente, Diosdado Cabello.
“La Asamblea Nacional Constituyente (…) decreta, primero: autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la Cédula de Identidad número 16.726.086, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, de acuerdo con el texto.
El segundo de los dos artículos del decreto ordenó la publicación del texto y su comunicación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Aprobado el decreto, Cabello dijo, que “queda, así, autorizado, formalmente, la continuación del juicio, y que nuestra justicia, de acuerdo a la Constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales”.
El artículo 200 constitucional, se refriere a la inmunidad de los integrantes de la AN, y al mecanismo para, en el caso de comisión de delito por parte de alguno de sus integrantes, entre otras acciones, determinar el enjuiciamiento del legislador infractor.
Al señalar que la inmunidad rige durante el ejercicio de las funciones de cada diputado, la disposición establece que, “de los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.
Según sea la naturaleza del acto ilícito cometido, el responsable puede ser sometido a privación domiciliar de libertad, indica la misma norma.
“En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”, señala.
La AN es la única institución venezolana que no está bajo el control del Poder Ejecutivo, lo que la mantiene en fuerte y permanente confrontación con la ANC.
Creada constitucionalmente en 1999, en reemplazo del bicameral Congreso de la República, la AN es, desde 2016, dominada por mayoría opositora, razón por la cual es desconocida por el régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, el cual, para neutralizar el peso opositor legislativo, instaló, mediante decreto presidencial, en 2017, la ANC, encargada de redactar un nuevo texto constitucional y con facultades plenipotenciarias por encima del Poder Legislativo.
La ANC actuó a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a raíz de que, no obstante la prohibición de salida del país que el tribunal le impuso el 29 de enero, Guaidó abandonó, el 23 de febrero, vía terrestre, el territorio venezolano, ingresando a territorio de la limítrofe Colombia, de acuerdo con lo indicado por el presidente del tribunal.
Guaidó realizó el desplazamiento para ponerse al frente de una operación para ingresar, desde Colombia, un convoy de camiones cargados con toneladas de ayuda humanitaria estadounidense almacenada en la limítrofe ciudad colombiana de Cúcuta.
La operación fue frustrada mediante fuerte represión por fuerzas de seguridad venezolanas, situación que, simultáneamente, ocurrió en un punto de la frontera venezolana con Brasil.
Desde Cúcuta, Guaidó se trasladó a Bogotá, la capital colombiana, donde participó, el 25 de febrero, en una reunión del Grupo de Lima, a la que también asistió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
En Bogotá, el opositor inició una gira que incluyó a otros cuatro países sudamericanos -Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador-, para reunirse con los presidentes de esas naciones –respectivamente, Jair Bolsonaro, Mario Abdo, Mauricio Macri, Lenín Moreno-, a quienes actualizó la información, a ese momento, de la crisis venezolana.
A su regreso, nueve días después -el 4 de marzo-, vía aérea, Guaidó no tuvo ningún inconveniente en reingresar al territorio venezolano, y, desde el aeropuerto al que llegó, se trasladó, de inmediato, a una masiva actividad opositora en Caracas, la capital nacional.
Venezuela padece, hace por lo menos cuatro años, una severa crisis humanitaria, política, y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, de Ecuador y Perú, y, en menor medida, otras naciones del área.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, así como la generalizada falta de oportunidades.
