George Rodríguez EP. El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC) planteó, este jueves, la elaboración de una hoja de ruta que conduzca a la realización de una nueva elección presidencial.
Ello debe incluir la reestructuración de instituciones tales como el Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó el GIC, en la Declaración Ministerial de cierre de su segunda reunión, llevada a cabo en Quito, la capital de Ecuador.
Al reafirmar la posición de que la solución a la crisis venezolana pasa por un proceso electoral democrático, ceñido a los estándares internacionales en la materia, indicó que “la realización de dicho proceso electoral hacia nuevas elecciones presidenciales debería incluir un acuerdo entre todos los actores relevantes, sobre la base de una hoja de ruta acordada”.
Ese instrumento debe contener cuatro componentes clave para garantizar que el proceso sea transparente, de acuerdo con la declaración de 13 puntos, contenidos en dos páginas.
Se trata de “la reinstitucionalización de las instituciones clave del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Justicia y las instituciones del poder ciudadano”, así como “la constitución de garantías para que todos los posibles candidatos y partidos políticos puedan participar”.
También se debe tener en cuenta a nuevos electores, así como a la diáspora venezolana establecida en numerosos países, señalaron los firmante del texto.
En ese sentido, se indicó, además, “una actualización completa del registro electoral, incluyendo a los votantes jóvenes y a los venezolanos en el exterior”, al igual que la “enmienda del marco legal electoral para permitir el despliegue de misiones internacionales de observación electoral”.
Al respecto, en su participación en la instalación del encuentro, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, la italiana Federica Mogherini, subrayó la necesidad de lograr un proceso electoral creíble.
En la declaración emitida en quito, el GIC ofreció asistencia técnica, en materias tales como el despliegue de misiones de observación internacional, el apoyo a esos equipos de trabajo, el registro de votantes.
Un proceso electoral con tales características favorecería la estabilización del caribeño país sudamericano, indicaron los adherentes a la declaración.
“Este proceso podría beneficiarse de un adecuado conjunto de condiciones políticas, económicas y sociales, el que también jugaría un rol en la estabilización del país”, de modo que “el Grupo insta a las autoridades a dar pasos concretos que permitan al país moverse en esta dirección”, expresaron.
La declaración incluyó, asimismo, una mención condenatoria de la decisión, anunciada este jueves, de la Contraloría General de la República (CGR) venezolana de inhabilitar, por 15 años, de ejercer cualquier cargo público, al autoproclamado presidente interino de Venezuela, diputado opositor Juan Guaidó.
“Esa decisión política que no considera el debido proceso es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país”, señaló el texto, agregando que “la restauración de la democracia, Estado de derecho y separación de poderes es urgente”, y advirtiendo que “estas acciones menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacifica y democrática a la crisis en Venezuela”.
El GIC decidió, asimismo, llevar a cabo, al inicio de mayo, en Costa Rica, su próxima reunión.
La declaración fue acordada por los ocho países europeos integrantes del GIC –Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, y Suecia- y tres de sus cinco miembros latinoamericanos -Costa Rica, Ecuador, y Uruguay-, sin la adhesión de Bolivia y México.
Costa Rica y México también son parte del Grupo de Lima, bloque americano que integran junto con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, y Perú.
El Grupo de Lima toma su nombre de la capital de Perú, ciudad en la que fue creado, el 8 de agosto de 2017, para dar seguimiento, y buscar solución pacífica, a la crisis venezolana.
Esa dramática situación humanitaria, política, y de seguridad ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido alrededor de 3.5 millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, tales como Ecuador y Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.
