George Rodríguez EP. Las delegaciones participantes en el diálogo para dar solución a la violenta crisis sociopolítica de Nicaragua, informaron, este jueves, que acordaron una prórroga de seis días a las conversaciones.
El anuncio, contenido en una escueta Nota De Prensa de 26 palabras, fue formulado al cumplirse, en la jornada número 16 de las conversaciones, el plazo originalmente fijado para el fin del proceso negociador.
“La Mesa de Negociación por este medio informa que por acuerdo de las partes, el proceso de negociación continúa y culminará el miércoles 3 de abril”, indicaron, sin proporcionar detalles.
Las presentes conversaciones, entre el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la dramática situación nicaragüense.
Las primeras conversaciones, entre el gobierno y una considerablemente más amplia representación opositora, fueron inicialmente promovidas por el régimen de Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril –hace casi un año-, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
