George Rodríguez EP. La reciente revocación de personería jurídica a varias organizaciones no gubernamentales en Nicaragua constituye una nueva acción en detrimento del Estado de Derecho en ese país, advirtió este sábado, la Unión Europea (UE).
“Las recientes decisiones de las autoridades de Nicaragua de revocar la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil y periodísticas marcan un paso más contra el Estado de Derecho, las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos”, indicó, en un comunicado, la portavoz de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, la italiana Federica Mogherini.
Es necesario que las autoridades de ese país centroamericano aseguren la protección de quienes integran las organización es afectadas, planteó, además, en las| declaraciones emitidas en Bruselas, la capital de Bélgica y sede de la mayoría de los organismos que integran la UE.
Los países integrantes de la UE tienen la esperanza de que las autoridades del gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, “garanticen la protección de los miembros de esas organizaciones”, expresó la vocera, quien precisó que “es la responsabilidad de las autoridades garantizar y proteger una sociedad civil vibrante y una prensa libre. Son pilares esenciales de la democracia y silenciarlas contrarresta la creación de condiciones para la reconciliación”.
La realización de un diálogo nacional que permita trazar “un camino pacífico para salir de la crisis política en curso”, es esencial aseguró.
La vocera de Mogherini hizo así referencia a la violenta crisis sociopolítica que hace más de siete meses golpea a Nicaragua, en el marco de constante represión policial y parapolicial contra las permanentes expresiones de oposición que el régimen de Ortega califica como un intento golpista.
“Solo la responsabilidad, el diálogo y reformas políticas auténticas que conduzcan a elecciones libres y justas permitirán la reconciliación nacional”, indicó la portavoz.
Las declaraciones de la vocera de Mogherini se refirieron a la ofensiva del régimen de Ortega contra organizaciones no gubernamentales, a nueve de las cuales se les ha retirado, desde el 29 noviembre, la personería jurídica –a ocho de ellas, en el trascurso de esta semana-.
La primera agrupación afectadas es el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) –el 29 de noviembre-, dirigido por la feminista costarricense-nicaragüense Ana Quirós, -detenida, su nacionalidad nicaragüense retirada, expulsada a Costa Rica, tres días antes-.
Le siguen el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que dirige Félix Maradiaga –el 11 de diciembre-, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encabezada por Vilma Núñez, y la organización Hagamos Democracia, dirigida por Luciano García -12 de diciembre, ambas organizaciones-.
La sanción fue luego aplicada, el 13 de diciembre, al Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), que preside Mauricio Zúniga, la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigida por Haydé Castillo, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río), dirigida por Amaro Ruiz, y la Fundación Popol Na, para la Promoción y el Desarrollo Municipal, dirigida por la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano.
Los retiros de personería jurídica se han concretado a solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob).
Varias de esas organizaciones sufrieron, la madrugada del 14 de diciembre, el allanamiento de sus sedes, acción policial llevada a cabo sin orden judicial.
Los allanamientos también afectaron a tres medios de comunicación -los programas periodísticos Esta Noche, y Esta Semana, y el semanario Confidencial- dirigidos por Chamorro.
En todos los casos, los efectivos dela Policía Nacional irrumpieron violentamente en los locales, causaron destrucción en las instalaciones, se apoderaron de equipo electrónico y documentación, y agredieron a quienes se hallaban en los lugares.
La dramática situación nicaragüense, que estalló el 18 de abril, ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
