Redacción | EP. Sally Yates, fiscal general en ejercicio en los Estados Unidos, cuestionó el decreto migratorio firmado por el Presidente Donald Trump, situación que generó su despido horas después.
La funcionaria cuestionó la legalidad de la prohibición de inmigración impuesta este fin de semana por el mandatario estadounidense e incluso solicitó a los abogados del Departamento de Justicia que no hicieran cumplir la orden ejecutiva.
“Mientras yo sea la Fiscal General en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la Orden Ejecutiva”, había escrito Yates.
Posteriormente y mediante un comunicado de prensa, la Casa Blanca indicó que Yates había “traicionado” al Departamento.
“Ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos”, señaló la Casa Blanca.
La decisión de Trump se suma a las cuestionadas por ciudadanos, organizaciones y políticos a nivel mundial, que están en contra del veto anti migratorio firmado por el mandatario.
Trump firmó un decreto, según el cual, no podrán entrar a EE.UU. solicitantes de asilo en cuatro meses y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Siria, Libia, Yemen, Somalia, Irán, Irak y Sudán).
