George Rodríguez EP. Una treintena de países dirigió este martes una carta a la nueva Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, expresando preocupación por la violenta crisis política que hace más de cuatro meses golpea a ese país centroamericano.
Al condenar la violenta represión gubernamental antiopositora, los firmantes formularon un llamado, al gobierno nicaragüense, a cesar las violaciones a los derechos humanos.
Los países firmantes del documento -11 americanos y 25 europeos- también señalaron particular inquietud a causa del “uso desproporcionado de la fuerza, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas”.
Al respecto, demandaron el inmediato fin de las acciones violentas y las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas oficiales gubernamentales y los grupos armados simpatizantes de la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
“Exigimos el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones ilegales y arbitrarias, la negación del acceso a servicios médicos, la violación a las libertades de asociación y expresión pacíficas, la criminalización de defensores de los derechos humanos, periodistas, estudiantes y manifestantes”, plantearon.
También expresaron a Bachelet que apoyan la reactivación del actualmente interrumpido Diálogo Nacional, establecido hace casi cuatro meses para procurar la pacificación del país.
“Instamos a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, en un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles”, escribieron.
Inaugurado el 16 de mayo –casi un mes después de estallada la crisis-, el diálogo sufrió una serie de tempranas suspensiones, a causa de las posiciones intransigentes de los dos actores centrales –el gobierno, representado por la delegación encabezada por Moncada, y la oposición, representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.
Las conversaciones permanecen suspendidas desde el final de junio.
Los firmantes del documento dirigido a Bachelet también condenaron la decisión del gobierno de Ortega de finalizar, abruptamente, la invitación formulada en junio para la presencia del equipo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y de declarar terminada la labor del grupo de expertos.
La medida “representa un retroceso en los esfuerzos que viene realizando la comunidad internacional a fin de ayudar a encontrar una salida a la crisis”, expresaron, para reafirmar que “instamos al gobierno de Nicaragua a retomar el diálogo y la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, incluida la Oficina de la Alta Comisionada”.
También formularon un llamado a la Oacnudh a mantener informado, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de la crisis.
Ello, “con miras a defender y proteger los derechos humanos en Nicaragua”, precisaron.
El texto fue firmado por 11 países americanos – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú- y 25 europeos -Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal. Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza-.
El documento se enmarcó en 39 Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y fue conocida un día después de que Bachelet advirtió, al inaugurar el encuentro, que, a causa de la violenta crisis, crece exponencialmente el número de personas quienes huyen de Nicaragua.
La comisionada exhortó, además, al consejo con sede en la ciudad suiza de Ginebra, a intensificar la vigilancia de esa dramática situación.
“Entre tanto, nosotros seguiremos documentando las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, aseguró la ex presidenta de Chile (2006-2010, 2014-2018).
Bachelet, una médica socialista quien, al inicio de la dictadura militar de Chile (1973-1990) encabezada por el general Augusto Pinochet fue detenida y torturada, permaneció cuatro años en el exilio, primero en Australia y luego en la ex República Democrática Alemana –que también era conocida como Alemania Oriental o Alemania del Este-.
La ex presidenta, quien fue designada el 10 de agosto para encabezar la Oacnudh durante el período 2018-2022, asumió el cargo el 1 de setiembre.
La dramática situación estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del impopular decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión, acciones que han cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos.
La crisis también ha causado daño en gran escala a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
