Aarón Chinchilla EP. | Miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), en conjunto con otras representaciones gremiales visitaron la Cárcel de Sandoval en Limón, solicitando la libertad de Carlos Andrés Pérez, responsable de daños agravados contra las instalaciones del Plantel y oleoducto de Recope, en Moín, en el marco del movimiento de huelga indefinida de 2018.
A pesar que los sindicalistas señalan que son respetuosos de la ley, se presentaron a las afueras del centro penal señalando que en este caso específico “se han cometido violación al ordenamiento jurídico costarricense” y demandan que Pérez sea liberado con una sentencia mínima y con oportunidad de aplicar medidas alternativas como casa por cárcel, ya que el implicado en el caso oleoducto “tiene un expediente limpio”.
Por otra parte, consideran que “si bien un juzgado lo culpó, aún faltan instancias superiores donde será demostrada su inocencia”, y ante tal situación, no se debería “retener” a Pérez en un centro penitenciario.
“Nos presentamos a las afueras de la cárcel de Limón a solicitar el cumplimiento de las Garantías Constitucionales a favor de nuestro compañero Carlos Andrés Pérez. Sólo pedimos libertad basada en el ordenamiento jurídico costarricense. Decimos No a la Violación al Ordenamiento jurídico costarricense. !Libertad para Carlos Andrés Pérez basado en las garantías constitucionales costarricenses!.
Pérez fue acusado el 27 de noviembre de 2018 por el Ministerio Público y fue sentenciado por el Tribunal de Flagrancia de Limón, por daño agravado, contra una esfera de almacenamiento de gas de la planta de Moín, cuyas circunstancias se desarrollaron en el marco de la huelga nacional convocada por los sindicatos, contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El ex empleado de Recope fue condenado a 2 años de prisión, cuya sentencia le denegó el beneficio de la ejecución condicional de la pena e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 10 años. Además, ordenó su prisión preventiva por un plazo de 6 meses, mientras queda firme la sentencia judicial.
