George Rodríguez EP. Nicaragua solicitó este martes, a los demás países latinoamericanos y caribeños, que no apoyen la iniciativa del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de solicitar, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, una inmediata sesión del Consejo Permanente de la organización para abordar la crisis de ese país.
“Solicito amablemente el apoyo de sus gobiernos para que las peticiones del Secretario General (…) relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, no sean aprobadas en la Organización de los Estados Americanos”, indicó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una carta de 21 páginas dirigida a “l@s Cancilleres de los Gobiernos de América Latina y el Caribe”.
Moncada hizo así alusión a la solicitud formulada por Almagro, en carta que dirigió el 28 de diciembre, a la embajadora de Costa Rica en la OEA, Montserrat Solano –en ejercicio de la presidencia del Consejo Permanente-.
En el texto de poco más de dos páginas, Almagro indicó, a Solano, que “le solicito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la convocatoria inmediata de una sesión del Consejo Permanente para considerar la situación en Nicaragua”, en virtud de que “se ha producido allí una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”, y señaló que urge que el organismo continental evalúe la situación.
Al respecto, Moncada planteó, a sus colegas, no solamente que el planteamiento de Almagro –un ex canciller uruguayo- procura lo que calificó de objetivo ilegítimo sino que la conducta del jerarca de la OEA es ilegal.
En opinión del canciller nicaragüense, Almagro “solicitó convocar de urgencia al Consejo Permanente con el fin ilegal e ilegítimo de promover el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, bajo el argumento de que se ha producido una alteración al orden constitucional”.
Sin embargo, la acción del secretario general carece de fundamento, además de que es contraria a lo establecido en el instrumento cuya aplicación procura, según Moncada, un militar retirado.
“La decisión (…) es improcedente, ilegal, sin fundamento jurídico y contraviene la misma Carta Democrática Interamericana y la Carta de la Organización de los Estados Americanos”, planteó.
De acuerdo con el artículo en cuestión, en el caso de que en un país integrante de la OEA ocurra una alteración del orden constitucional, con seria afectación de su orden democrático, cualquier otro país miembro de la organización, o el secretario general, puede solicitar inmediata sesión del Consejo Permanente para que se evalúe la situación y se adopte las decisiones convenientes.
De acuerdo con la situación de que se trate, el consejo podrá disponer que se lleve a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país afectado, y si ello fracasa, el consejo debe convocar a inmediata sesión extraordinaria de la Asamblea General para que tome las acciones del caso.
Moncada planteó a sus colegas que “la Carta Democrática fue concebida como un medio para| restituir los Gobiernos democráticamente elegidos y un mecanismo contra los golpes de estado y la deposición por la fuerza, de Presidentes, Jefes de Estado y Gobiernos electos democráticamente”.
En el caso de Nicaragua, en abril del año pasado se registró un intento golpista, afirmó el canciller, en referencia a la definición gubernamental dada a la violenta crisis sociopolítica que desde entonces golpea a ese país centroamericano y que se caracteriza por acciones policiales y parapoliciales antiopositoras que han cobrado centenares de vidas.
La OEA “tenía la obligación, según la Carta Democrática Interamericana, de apoyar el orden constitucional y democrático de Nicaragua frente a los hechos violentos que buscaban su destrucción”, no obstante lo cual, Almagro “optó por apoyar a las fuerzas terroristas, incentivando la ruptura del orden constitucional de Nicaragua, en abierta violación de la legalidad y de sus obligaciones como secretario general”, señaló.
Moncada se dirigió a sus colegas cuatro días después de que Almagro formuló la solicitud y tres días después de que Solano informó, en declaraciones difundidas por la cancillería costarricense, que realizaba las consultas y las gestiones del caso.
A su vez, Almagro formuló la solicitud de sesión un día después de que el Consejo Permanente de la OEA se reunió para abordar, precisamente, la crisis nicaragüense.
Durante esa Sesión Especial, llevada a cabo el 27 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, al consejo, el documento que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) titulado “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-.
El Giei y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) son los dos equipos de trabajo con los cuales contaba la CIDH, en ese país, pero fueron expulsados, el 19 de diciembre, por la cancillería nicaragüense, la que, simultáneamente, decidió suspender las visitas de la CIDH, al país.
La dramática situación nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
