Aarón Chinchilla EP. | Luego que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios realiza cuatro allanamientos contra Telefónica de Costa Rica TC S.A. (Movistar) por el presunto delito de fraude en contra de la hacienda pública, el Centro sindical de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) afirmó que la empresa de telecomunicaciones debe perder la concesión, irse del país y los “corruptos implicados” en el caso deben ir a la cárcel.
A través de un comunicado, la organización sindical manifestó que “no les sorprendió el allanamiento a la empresa de telecomunicaciones”, ya que han advertido sobre las irregularidades para frenar el fraude fiscal en el país.
Este martes la prensa dio a conocer que la Fiscalía allanó las oficinas de una transnacional de las telecomunicaciones y un bufete de abogados y abogadas por el presunto fraude fiscal de más de 81.200 millones (…) Esta noticia no nos sorprende. Desde la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, y en general desde el movimiento sindical, hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo la falta de medidas concretas para contener el fraude fiscal y, de hecho, este fue uno de los detonantes de la gran huelga del año pasado (…) Ya quisiéramos ver esa mano dura contra los evasores. Si las pruebas son flagrantes, Movistar debería perder la concesión. Movistar debería irse del país y los corruptos, a la cárcel.
Por otra parte, el sindicato manifiesta que la situación con Movistar no es un hecho aislado, ya que el problema está en “el sistema y en la tolerancia de los gobiernos hacia las empresas”.
Este país tiene una seria debilidad en las finanzas del Estado no por el salario o las condiciones laborales de los funcionarios públicos como han insistido los enemigos del Estado solidario, sino por la incompetente tolerancia de muchos tomadores de decisiones en los gobiernos hacia las empresas que no pagan impuestos, o no pagan lo que debieran. El monto presuntamente defraudado por esa empresa de telecomunicaciones es aproximadamente un 0,00000037% de un punto del Producto Interno Bruto, y cómo hemos señalado en muchas ocasiones, el fraude fiscal supera al 6% del PIB. Un dato como este pone en contexto la noticia del día: El problema es el sistema.
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De igual forma, la Rerum Novarum mencionó que “habían advertido” respecto a las falencias en cuestión fiscal, no obstante, señalan que el gobierno “no lo escuchó”, sin embargo, esperan que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, “ejecute acciones concretas contra el fraude”.
Ya lo habíamos advertido, pero no quisieron oír. Los hechos de hoy, y esperamos que se repitan en decenas de empresas evasoras, deben conducir a los legisladores y legisladoras, al Poder Ejecutivo y a la esfera Judicial, a tomar acciones concretas contra el fraude fiscal. Tienen el deber ético y moral, y tienen que hacerlo ya si realmente quieren mostrar un compromiso real con el saneamiento de las finanzas públicas, con la democracia y con las familias costarricenses. La Fiscalía tuvo el músculo para caerle a Movistar porque las pruebas con las que cuenta son abundantes, y evidentes. Después de esto viene la judicialización del proceso y los posibles arreglos de pago. De nuestra parte creemos que el Estado costarricense debe asegurar una legislación tan fuerte contra las empresas evasoras que se compare con la que aplican hacia los trabajadores y trabajadores que protestan y ejercen su derecho a huelga.
Según la denuncia interpuesta por las autoridades de Hacienda, al parecer existieron maniobras fraudulentas en Movistar, así como en la compañía filial Tejisa, Bufete Zurchher Odio & Raven y en la empresa de asesoría fiscal KPMG, las cuales consistieron en la creación e interposición de la filial, para que, posteriormente, Telefónica vendiera a esta los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal.
De acuerdo con la investigación, el país dejó de recibir más de 1.250 millones de colones, por concepto de impuesto sobre las utilidades en el período 2017. Movistar llegó a Costa Rica en 2011, tras comprar una de las frecuencias de telefonía que ofreció SUTEL con la apertura del mercado de las telecomunicaciones.
No es la primera vez que la telecomunicadora se ve involucrada en un escándalo de supuesto pago de sobornos. En México, Movistar estuvo relacionada con ilícitos, no obstante, en dicha ocasión, aseguraron contar con una política “Anticorrupción”.
