Aarón Chinchilla EP. | El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE-AFINES) presentó un recurso ante la Sala Constitucional, puesto que consideran que podrían existir posibles vicios de constitucionalidad en varios Artículos de la Ley 9635 del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida popularmente como reforma fiscal.
La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por el Secretario General Lenin Hernández, en contra los artículos 35, 48, 49, 50, 54 del Capítulo III sobre el Ordenamiento Remunerativo y del Auxilio de Cesantía para el sector público así como contra el Transitorio XXXI de la Ley 9.635 ya que estima que son contrarios al principio de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad.
Asimismo, el sindicalista señala que los artículos mencionados “lesionan el Artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos así como el Artículo 129 de la Constitución Política”.
SINAE AFINES no renunciará a defender los derechos de los trabajadores. Somos responsables con nuestros 7 mil afiliados y sobre todo con la institución, en donde se agotaron las vías administrativas, citó.
En la misma línea, Hernández afirmó que las acciones que emprenderán próximamente, no se circunscribirán solo al ámbito nacional y judicial.
Mantenemos el compromiso de defender en las instancias necesarias los derechos de los trabajadores.
Esta no es la primera acción emprendida por el gremio, puesto que el 5 de septiembre anterior, Sinaes acusó ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el 5 de setiembre anterior, a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, a la Ministra de Planificación María Pilar Garrido y al Estado costarricense por “incumplir la ley al publicar el decreto ejecutivo N.41729-MIDEPLAN-H, sin cumplir con las audiencias a las instituciones y organizaciones gremiales afectadas”. Posteriormente, el 10 de setiembre anterior se presentaron ante instancias de la asesoría legal, una serie de reclamos individuales por parte de los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS, los cuales pidieron la validación de los derechos señalados en los acuerdos del 20 de febrero y el 12 de agosto del año en curso.
