Aarón Chinchilla EP. | Distintos líderes sindicales realizaron una visita en la cárcel de Sandoval en Limón, al privado de libertad Carlos Andrés Pérez Sánchez quien es el presunto responsable de “daños agravados” contra las instalaciones del Plantel y oleoducto de Recope, en Moín, en el marco del movimiento de huelga gremial indefinida.
Según trascendió, representantes de los gremios sindicales como Óscar Campos (sector arrocero), Albino Vargas (ANEP-PATRIA JUSTA) entre otros, asistieron al centro penal para acompañar a Pérez, al cual consideran un “preso político del régimen Alvarado Quesada”.
“En vísperas de la Navidad, cumplimos la misión de solidaridad con el compañero trabajador de Recope, Carlos Pérez, PRESO POLÍTICO encarcelado en la carcel de Limón, por su participación en el Movimiento Patriótico Contra el Combo Fiscal (…) Nos comimos un tamal con él y dialogamos bastante con Carlos Andrés y con su familia. Concluimos: estamos ante una monstruosidad jurídica que nos es más que una venganza política del régimen de Alvarado”, detalló Albino Vargas.
Según los líderes sindicales, ” Carlos Andrés no se merece este infame vejamen ejecutado por el Gobierno”.
“No queda la menor duda que el interés que prevaleció fue, de una parte, castigar injustamente la participación de un obrero en la lucha social (…) El encarcelamiento de Carlos Andrés no nos puede ser ajeno. Su libertad es una responsabilidad moral, que tenemos quienes sentimos y pensamos que las cosas no pueden seguir así, en la suiza centroamericana de la pura vida”.
Pérez fue acusado el 27 de noviembre de 2018 por el Ministerio Público y fue sentenciado por el Tribunal de Flagrancia de Limón, por daño agravado, contra una esfera de almacenamiento de gas de la planta de Moín, cuyas circunstancias se desarrollaron en el marco de la huelga nacional convocada por los sindicatos, contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El ex empleado de Recope fue condenado a 2 años de prisión, cuya sentencia le denegó el beneficio de la ejecución condicional de la pena e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 10 años. Además, ordenó su prisión preventiva por un plazo de 6 meses, mientras queda firme la sentencia judicial.
