George Rodríguez EP. Todos los países deben dar protección a la infancia, lo que incluye el respeto al derecho de los menores migrantes a no ser separados de sus padres, planteó este sábado el presidente costarricense, Carlos Alvarado, al participar en la sesión plenaria de la 51 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
El mandatario llamó a no ignorar, en la cumbre regional, la situación de los migrantes centroamericanos en general, y, en particular, de los menores.
Al señalar que el encuentro de gobernantes “no podía dejar de manifestarse” sobre la violenta crisis política que hace más de dos meses afecta a Nicaragua, Alvarado expresó que “tampoco podríamos obviar en esta cita la situación que enfrentan los migrantes de nuestra región, en particular, los niños y niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias”.
Los derechos de los infantes, en particular, tienen que ser motivo de respeto, aseguró Alvarado, en su primera participación en una cumbre regional desde que asumió, el 8 de mayo, la presidencia de Costa Rica para el cuatrienio 2018-2022.
“En este sentido, llamamos al respeto de sus derechos humanos, incluido el derecho a no ser separados de sus padres, y el derecho a la protección de la familia”, subrayó, para agregar, de inmediato, que “la protección de la infancia es una norma universal que debe ser acatada por todos los países”.
El mandatario formuló las declaraciones dos días después de que, durante una breve visita a Guatemala, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se refirió, en términos severos, a la política migratoria de “cero tolerancia” que el gobierno norteamericano implementa y que ha separado a miles de niños y a sus padres migrantes indocumentados.
En el caso de las víctimas centroamericanas de esa fuertemente criticada política, se trata, mayoritariamente, de nacionales de los países que integran el violento Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala, Honduras-.
Estas personas han sido blanco de detención, al ingresar a Estados Unidos, por la frontera sur –el límite terrestre de 3155 kilómetros entre ese país y México-, momento en el cual los niños –en algunos casos, bebés- son forzosamente separados de sus padres, declarados “menores no acompañados”, y conducidos a inhóspitas instalaciones –en general, militares- en diversos puntos del país, incluidos algunos estados distantes de esa línea fronteriza.
Entre otras advertencias que formuló, el 28 de junio en la capital guatemalteca, a los presidentes Jimmy Morales (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras), y Salvador Sánchez (El Salvador), Pence afirmó, respecto al intenso flujo migratorio desde el Triángulo Norte, que “este éxodo tiene que terminar. Es una amenaza para nuestra seguridad. Así como respetamos sus fronteras y su soberanía, insistimos en que respeten la nuestra. Estados Unidos es el país más acogedor para inmigrantes en la historia de la humanidad”.
El vicepresidente dijo, además, que, en lo que va de este año, más de 150 mil guatemaltecos, hondureños, y salvadoreños han tratado de ingresar, indocumentados, a territorio estadounidense.
Mediante el combate a la corrupción, a las estructuras de crimen organizado y a las pandillas –conocidas, en los tres países, como “maras”- es posible poner fin a la crisis migratoria, recomendó, asimismo.
“Vengan a Estados Unidos legalmente. Si no, no lo hagan. Díganle a su gente que, entrar ilegalmente a Estados Unidos, va a ser un duro camino y una vida dura allí”, afirmó.
Pence formuló declaraciones en tono similar a lo largo de su gira latinoamericana que incluyó a Brasil, Ecuador, en Sudamérica, y a Guatemala.
En tal contexto, en declaraciones a la agencia española de noticias EFE, el vicepresidente advirtió que, “si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias”.
Sin embargo, la mayoría de los migrantes del Triángulo Norte huye de la masiva violencia –principalmente resultante de actividades de narcotráfico y de acciones de las “maras”- que, en las tres patrias centroamericanas, cobró, solamente el año pasado, más de 13 mil vidas.
