La Asamblea Legislativa archivó este lunes 19 de octubre el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una de las principales iniciativas de reforma energética impulsadas desde la administración del expresidente Rodrigo Chaves y respaldadas por el actual Gobierno de Laura Fernández.
El expediente 23.414 recibió 31 votos a favor y 23 en contra durante la votación de segundo debate en el Plenario Legislativo. Aunque la propuesta obtuvo más respaldos que votos negativos, no alcanzó los 38 necesarios para su aprobación definitiva.
La iniciativa contó con el apoyo de los diputados presentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En contra votaron las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
El resultado puso fin al trámite de un proyecto que permaneció cerca de cuatro años en discusión legislativa y que pretendía modificar las reglas de generación, comercialización y coordinación de la electricidad en Costa Rica.
¿Qué buscaba el proyecto?
La iniciativa establece que “el acceso a las redes de transmisión y distribución es libre para cualquier persona física o jurídica, siempre y cuando el interesado”. Es decir, se permitiría la compra y venta de energía por parte de particulares a través de un mercado mayorista. Asimismo, se permitiría que el acceso a las redes de transmisión y distribución eléctrica sea libre para cualquier persona física o jurídica, incluidos generadores privados.
En el tema de la interconexión, los operadores privados que requieran conectarse a cables de alta tensión deberán firmar un contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para poder hacerlo.
Otro punto es que se permitiría que empresas privadas construyan plantas, y comercialicen la electricidad que allí se genere; competencia que actualmente solo puede realizar el Estado.
Finalmente, traslada funciones de regulación del sector que tiene actualmente la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (Docse), un órgano técnico dentro del Instituto Costarricense de Electricidad, a un órgano con desconcentración mínima dentro del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), lo cual genera dudas entre sectores, ya que consideran que se podría politizar decisiones regulatorias que hoy toma un órgano de carácter técnico.
Una reforma que requería 38 votos
La iniciativa había superado el primer debate el 26 de mayo de 2026, cuando obtuvo 27 votos a favor y 24 en contra.
Sin embargo, para el segundo debate, la exigencia era de 38 voto.
El oficialismo necesitaba sumar apoyos fuera de su bancada para alcanzar esa mayoría, pero las negociaciones con el PLN no se tradujeron en votos favorables.
Tras de días de negociación entre el oficialismo y diputados liberacionistas, las conversaciones se deterioraron por la exigencia del PLN de que el Gobierno frenara los recortes presupuestarios a las universidades públicas. Tras el rechazo, el oficialismo responsabilizó a Liberación Nacional por no respaldar la iniciativa, mientras que los liberacionistas señalaron que el Gobierno y la bancada del PPSO no consiguieron construir los acuerdos políticos necesarios.
Reacciones
Tras conocerse el resultado, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, cuestionó a las bancadas que votaron en contra y sostuvo que el rechazo mantiene al país sin los cambios que, según el PPSO, necesita el sistema eléctrico para responder a las demandas futuras.
Acosta presentó la votación como una defensa del statu quo por parte de los sectores opositores y cuestionó que no respaldaran una iniciativa que el Gobierno considera importante para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.
El PLN respondió que el fracaso de la propuesta no puede atribuirse únicamente a la oposición y defendió su decisión de rechazar un texto con el que mantiene diferencias.
Gordienko, la única diputada ajena al oficialismo que votó a favor, también responsabilizó al Gobierno y al PPSO por no conseguir los acuerdos necesarios.
La legisladora cuestionó que el oficialismo no incorporara suficientes observaciones de otras agrupaciones, pese a que en otros proyectos legislativos sí se habían alcanzado entendimientos y negociado modificaciones.
