Aarón Chinchilla EP. | La Sala Constitucional le ordenó a la Municipalidad de la Unión identificar todas las construcciones ilegales de viviendas que existen en los Cerros de La Carpintera –zona vital de recarga acuífera y rica en biodiversidad– y gestionar el inicio de los procedimientos respectivos, con el fin de ajustar a derecho la situación.
A través de la sentencia número 2019-21889 y de forma unánime, los magistrados determinaron que el Estado costarricense, la administración pública y la ciudadanía se encuentra obligado a velar y a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del medio ambiente.
Por ello, a partir de la notificación de la sentencia, el alcalde de la Unión tendrá un mes para verificar todas las construcciones ilegales que existen en los Cerros de La Carpintera, pasado ese plazo deberá ordenar el inicio de los procedimientos respectivos para ajustar a derecho las edificaciones.
Se resguarda el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política; y, al mismo tiempo, proteger la vida humana ante el riesgo de que se realicen construcciones sin regulación en una zona donde existen grandes riesgos de deslizamiento.
El amparo fue interpuesto por un grupo de vecinos de La Unión, quienes denunciaron ante las autoridades municipales el problema ocasionado por construcciones ilegales en los Cerros de La Carpintera; sin embargo, tales gestiones fueron ignoradas.
Los Cerros de La Carpintera se encuentran protegidos por medio de un decreto ejecutivo; además, desde el 2014, la Comisión Nacional de Emergencias advirtió sobre una serie de problemas en esta zona como suelos inestables y pendientes pronunciadas.
