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George Rodríguez EP. La consulta multisectorial respecto al Proyecto de Ley de Reconciliación Nacional está próximo a culminar, para que la iniciativa sea presentada a la Asamblea Nacional –el parlamento unicameral nicaragüense, informó, este jueves, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

“Estamos en plena consulta, casi por concluir la consulta que hemos hecho con jóvenes, con consejos de liderazgo, de la propuesta de Ley para una política de Estado para la reconciliación y la paz en nuestro país”, informó.

La idea consiste en fortalecer la propuesta, con todos los aportes que se reciba, indicó Murillo, esposa del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en declaraciones reproducidas por el medio electrónico oficialista El 19 Digital.

“Esta política, la estamos haciendo circular nuevamente para que se conozca, propuesta de política que esperamos poder llevar a la Asamblea Nacional y distribuir entre todos los que quieran contribuir a que encontremos y reencontremos cada vez con más fuerza, de manera cada vez más certera, la capacidad de convivencia que teníamos y que algunos atacaron y que algunos quisieron que se perdiera como parte del afán de destrucción de la identidad y la vida de las familias nicaragüenses”, aseguró.

En alusión a la violenta crisis sociopolítica estallada hace algo más de seis meses en Nicaragua, la vicepresidenta aseguró que el país centroamericano ha recuperado la tranquilidad –reiterada afirmación gubernamental que la oposición refuta-.

“Hemos recuperado seguridad, tranquilidad, trabajo. ¡Y cuántos reniegan que se esté trabajando! ¡Qué desgracia! Pero así somos los seres humanos de egoístas, y, a pesar de constatar esos pecados capitales, nos mantenemos firmes y crecientes en nuestra fe. Eso nos permite entender y trascender”, señaló.

De acuerdo con lo explicado en el documento gubernamental titulado “Propuesta de Política de Promoción de una Cultura de Paz y Reconciliación”, el objetivo general dela iniciativa consiste en la consolidación de esa cultura.

Ello, para “incidir en la prevención de todas las expresiones de desencuentro entre las Personas, las Familias y las Comunidades”, según lo indicado en el texto de 26 páginas.

La iniciativa es cuestionada, por sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos, como una estrategia de la pareja gubernamental para neutralizar las críticas de la comunidad internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la persistente represión antiopositora, y un esfuerzo por que esos delitos, permanezcan impunes.

En ese sentido, la opositora Unión de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica (UNE-CR) emitió, también este jueves, un fuerte cuestionamiento al proyecto.

La iniciativa gubernamental “no es más que una estrategia de la dictadura para tratar de revertir el repudio internacional y lograr que todos los crímenes de lesa humanidad, ejecutados por la policía Orteguista, los paramilitares y las fuerzas de choque de las turbas sandinistas, queden en la impunidad”, señaló la UNE-CR, en un comunicado.

El proyecto, anunciado la semana pasada por Murillo, es jurídicamente inviable, advirtió la agrupación, en el texto de cinco párrafos emitido en San José, la capital costarricense.

Al repudiarlo, la UNE-CR indicó que se trata de “una aberración jurídica (…) que impulsa la dictadura bicéfala Ortega Murillo, responsable de más de 500 asesinatos de ciudadanos, que se habían sumado a lucha cívica por la justicia y la democracia que se libra desde el 18 de abril del presente año”.

La organización opositora aludió así a la violenta crisis sociopolítica que, a partir de esa fecha, golpea a Nicaragua, y aseguró que el diálogo constituye la vía idónea para lograr la reconciliación en la polarizada sociedad nicaragüense.

“Consideramos que la única forma de lograr una verdadera reconciliación de la familia nicaragüense es llevar ante los tribunales integrados por expertos internacionales, a todos los que han participado de forma directa e indirecta en las masacres y asesinatos contra la población civil, que ha protestado pacíficamente en las marchas antigubernamentales”, planteó.

La superación de la polarización social que registra Nicaragua no es viable mediante legislación favorable al gobierno, advirtió la UNE-CR.

“La reconciliación en este contexto de crisis social y política que vive nuestro país no se alcanza con decretos o leyes amañadas, porque el derecho internacional establece claramente que las amnistías no pueden favorecer a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad”, planteó.

La consulta gubernamental referida al proyecto se da en el marco de la violenta crisis sociopolítica que, estallada hace algo más de seis meses en Nicaragua, ha cobrado por lo menos 528 vidas, y generado centenares de heridos, detenidos, y desaparecidos.

La dramática situación fue originada por un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), lo que generó descontento popular.

El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta nacional en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos.

La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial.

La crisis situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.

Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de cuarenta mil personas han solicitado refugio-.

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