George Rodríguez EP. El régimen nicaragüense –autodefinido como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN)- se comprometió, este miércoles, a poner en libertad, para mediados de junio, a los presos políticos.
También aseguró que promoverá internacionalmente una iniciativa que permita el regreso, al país centroamericano, de los nicaragüenses quienes se encuentran en el exterior, a causa de la violenta crisis sociopolítica nacional estallada hace más de un año.
Los planteamientos están contenidos en el “PROGRAMA DE TRABAJO DEL GRUN PARA CONSOLIDAR ESTABILIDAD Y PAZ EN NICARAGUA”, documento de nueve puntos sin introducción explicativa difundido por la cancillería nicaragüense.
El primer punto establece la “liberación definitiva a más tardar el 18 de Junio de 2019 de los excarcelados que se encuentran en sus casas en convivencia familiar o en arresto domiciliar. De los que todavía se encuentren encarcelados. Y de los que tienen proceso abierto en ausencia, cuya causa está en trámite”.
En el primer caso, se trata de los presos políticos a quienes el régimen ha excarcelado –sin poner en liberad- en grupos de cincuenta o cien –hasta totalizar, de momento, 336-, desde el final de febrero.
Además, “seguir promoviendo, nacional e internacionalmente, el Programa del GRUN sobre Retorno Voluntario de los nicaragüenses en el Exterior, que salieron en el contexto de los hechos violentos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, con todas las garantías constitucionales y de seguridad para su reinserción en la Sociedad y a su vida cotidiana personal”.
El texto alude así a la fecha de inicio de la dramática situación que golpe a Nicaragua, contexto en el cual decenas de miles de personas han optado por exiliarse en diferentes países, huyendo de la violencia y de la aguda crisis económica que impera en el país.
El programa también prevé “elevar a categoría de Ley el Plan Integral de Atención a las Víctimas (PIAV), por los hechos violentos ocurridos a partir de Abril de 2018, basado en el Principio de Perdón, No Olvido y No Repetición”.
En materia de derechos, el régimen se compromete a asegurar el de manifestación, el que ha sido recurrentemente violado en el marco de la crisis.
Al respecto, el programa incluye el compromiso a “garantizar el Derecho de Concentración, Manifestación y Movilización Pública, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley de la Materia y las normativas vigentes.”.
El plan reúne varios compromisos que el gobierno encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha expresado reiteradamente que asumirá, y que la oposición sostiene que no lo ha hecho.
El texto fue difundido un día después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) informó que su presidente, el mexicano Eduardo Ferrer, resolvió adoptar medidas, a ser implementadas por el gobierno de Nicaragua, para proteger a diecisiete presos políticos recluidos en dos establecimientos penitenciarios de ese país –“La Esperanza” y “La Modelo”-.
Ferrer determinó cuatro tipos de medidas, de acuerdo con la información oficial, según informó, la noche del martes, en un comunicado, el tribunal continental.
En primer lugar, “requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, vida y la integridad personal” de las 17 personas –mujeres, en seis de los casos-, señaló.
En cinco de los 17 casos, los reclusos fueron beneficiados con el cambio de régimen de reclusión, al denominado de “convivencia familiar” –casa por cárcel-, medida que el gobierno ha aplicado cinco veces, en el lapso que cubre desde el 27 de febrero hasta el 20 de mayo, indicó.
“Tomando en cuenta que el Estado afirmó que se les ‘otorgó beneficio legal de convivencia familiar a partir del día 20 de mayo’ de 2019”, Ferrer resolvió “requerir a sus representantes o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que confirmen que tal beneficio se hizo efectivo y se encuentran en libertad”, agregó.
Respecto a los otros doce, el juez planteó la implementación, por parte del Estado nicaragüense, de medidas cautelares que sustituyan el encarcelamiento, indicó.
Para esta personas, el presidente de la corte resolvió “requerir al Estado que (…) evalúe, de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, de conformidad con su normativa interna y los estándares interamericanos”, según la misma información.
Ferrer indicó, asimismo, que tres integrantes del tribunal continental se trasladen a Nicaragua, para reunirse con los 17 presos políticos.
En ese sentido, el titular de la entidad regional planteó que, “a la mayor brevedad posible, previa aquiescencia del Estado, una delegación de la Corte Interamericana, integrada por su Presidente, Vicepresidente u otro juez o jueza, así como el Secretario y personal de la Secretaría, realicen una visita a las cárceles de “La Esperanza” y “La Modelo”, en Nicaragua, o al lugar donde se encuentren los beneficiarios de las presentes medidas, con el fin de poder entrevistarse con cada uno de éstos así como con diversas autoridades estatales”, informó el tribunal.
Nicaragua es escenario de una violenta crisis sociopolítica que, estallada el 18 de abril del año pasado, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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