Allan Madriz | EP. Las personas que dañen o perforen el poliducto para la extracción de combustibles se expondrían entre ocho y 15 años de prisión, según lo propone un nuevo texto sustitutivo del expediente 21.447.
El proyecto “Ley sobre el apoderamiento ilegítimo de los combustibles derivados de petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos”, fue dictaminado este miércoles por los diputados que integran la Comisión de Ambiente, de la Asamblea Legislativa.
“Este texto que presenta la subcomisión, presenta y refleja avances sustantivos con respecto al texto base que se presentó, que tenía deficiencias importantes, aunque muy buena intención, todos compartimos la intención del proyecto de ayudar a combatir el problema grave que hay de sabotaje, de daños, de robo en los poliductos, especialmente en la infraestructura pública de Recope”, indicó el legislador del Frente Amplio, José María Villalta.
La propuesta también establece de ocho a quince años de cárcel a quien se apodere ilegítimamente de combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos.
“Me parece muy importante que le estemos metiendo mano a este proyecto debido a que el robo de combustible en este país se ha convertido ya en un deporte nacional”, señaló el diputado del Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón.
Dentro de las sanciones propuesta está la pena de tres a seis años de prisión a quien transporte combustibles de procedencia ilegal, así como de cinco a ochos años de cárcel a quien se apodere ilegítimamente del marcador de los combustibles derivados del petróleo. De igual manera, las personas que adquieran estos productos de procedencia ilegal y los almacenen, suministren o vendan, se exponen de cinco a doce años de cárcel.
Además, cuando en alguno de los delitos previstos en este proyecto ley, se produzca daño al ambiente, las penas respectivas se aumentarán en una tercera parte. Cuando funcionarios públicos sean declarados culpables por estas infracciones, se les impondrá una pena de inhabilitación para el ejercicio del cargo que involucre funciones públicas de 5 a 10 años.
Alonso Mejía.
